Procesan a exministra Gisela López y a 22 personas por caso Neurona

Entre 2017 y 2018, la empresa mexicana Neurona Consulting se adjudicó, por invitación directa del anterior Gobierno, ocho contratos por 12,4 millones de bolivianos. Por este caso, el actual Ministerio de Comunicación presentó una denuncia por corrupción y daño económico al Estado contra 23 personas, entre ellas la exministra Gisela López a quien denuncia por “huir del país”.

“La exministra masista ha huido, pero vamos a activar todos los mecanismos de la justicia para que ella y sus cómplices en algún momento respondan por la corrupción y los delitos anexos que se cometieron”, dijo en conferencia de prensa la actual titular de la cartera de Comunicación, Roxana Lizárraga.

Informó que pidió a Interpol que active la “alerta roja” para conocer el paradero de Gisela López. Según Lizárraga, la exministra de Comunicación huyó del país “porque se enteró que el Gobierno auditaba” su gestión y los contratos con Neurona.

“Ya sabemos que el 22 de noviembre (López) salió vía Yacuiba, vía terrestre hacia la Argentina, dejando la Embajada de México porque estaba en ese momento pidiendo el asilo, pero nos imaginamos que conocedora de que se estaba investigando el inicio de su gestión, ella ha decidido abandonar el país”, aseguró la titular de Comunicación.

Los contratos, la auditoría

Sin experiencia y sin rubro específico, la firma mexicana Neurona Consulting se adjudicó al menos ocho contratos directos del Ministerio de Comunicación en la gestión de López (2017-2019), develó desde diciembre una sostenida investigación de Página Siete.

Según el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), la primera adjudicación que obtuvo Neurona fue para la producción de 50 artes gráficas, dos videoclips y 15 spots de la campaña de la reivindicación marítima, a un costo de 1,5 millones de bolivianos. Según denunció entonces la oposición, el monto “no se justificaba por memes y postales”.

Otro contrato, por 257 mil bolivianos, estaba destinado a la elaboración de la estrategia comunicacional oficialista. Un tercero, por 758.946 bolivianos, estaba orientado a la producción de piezas comunicacionales a ser distribuidas en redes sociales y destinadas a posicionar “los logros” de la gestión del MAS.

Un cuarto convenio, el más oneroso, fue por 8,8 millones de bolivianos, para la producción de decenas de videos, cartillas, ilustraciones, etc.

Con fondos públicos, el pasado Gobierno también pagó a Neurona 783 mil bolivianos por la realización del filme El robo: cuando las leyes se escribían en inglés, basado en la investigación de la comisión parlamentaria sobre la privatización en Bolivia. El documental se estrenó en cines y se distribuyó en redes sociales en la etapa preelectoral.

Cuando estalló el escándalo, en abril, el entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas, remitió a la Contraloría General del Estado los ocho contratos suscritos con la empresa Neurona por 12,4 millones de bolivianos. No hubo resultados de la auditoría hasta ahora.

90 contratos auditados

Lizárraga explicó ayer que la empresa mexicana Neurona se presentó en Bolivia como una compañía cercana a Andrés Manuel López Obrador. “¿Esa millonaria corrupción tendrá algo que ver en las ventajas y tratos que recibe hoy Evo Morales en México?”, cuestionó.

Informó que actualmente se auditan 90 contratos. “Puedo adelantarles que más del 70% del Ministerio de Comunicación lo han ejecutado para la campaña de Evo Morales”, sostuvo.

Hernández, los “guerreros digitales” y los ponchos rojos

El director de la empresa Neurona Consulting es el mexicano César Hernández Paredes, quien se define como un “activista” de la izquierda y en esa calidad llegó al país en 2014 para trabajar en la campaña del MAS.

Hernández llegó como director de la empresa Argos, que mantenía el portal Revolución tres punto cero. Entre 2014 y 2018, miembros de esa plataforma dieron capacitaciones a funcionarios públicos y “guerreros digitales”.

Neurona Consulting se creó en enero de 2017 con un capital de 5.000 dólares y con el “objeto” de “prestar y recibir toda clase de servicios técnicos, profesionales, consultivos, financieros, administrativos, de administración, de recursos humanos, de mercado o de cualquier naturaleza, según consta en el Registro Público de Comercio de México.

Ese documento fue presentado en marzo por el senador de UD Óscar Ortiz. Poco antes, el escritor Alfonso Gumucio, tras una investigación, había denunciado que la empresa es una “fachada para conseguir contratos” con el gobierno del MAS.

Hernández vivió cuatro años en Bolivia y obtuvo varios contratos para su empresa. En enero pasado anunció que radicaba en Madrid, donde aparentemente fue asesor de la campaña electoral del partido Podemos, de Pablo Iglesias.

El 1 de mayo, Hernández publicó en sus cuentas de redes sociales fotos de 24 personas, todas con ponchos rojos, en un acto de la campaña masista de 2014. En los retratos posaban junto al mexicano el ahora exministro de Comunicación, Manuel Canelas; la exviceministra de Gestión Comunicacional, Leyla Medinaceli, y el exsecretario general de la Vicepresidencia, Héctor Ramírez, entre otros.

Pagina Siete.

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