Presión, extorsión y “palos blancos” en la compra de tres medios paraestatales

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Presión, chantajes, extorsión y “palos blancos” fueron los factores que prevalecieron en la “adquisición” de las televisoras ATB, PAT y el periódico La Razón, medios paraestatales del gobierno de Evo Morales, según informes, declaraciones ante la Fiscalía e investigaciones periodísticas.

Todo empezó en 2008, con la llegada del empresario Carlos Gill a Bolivia “para coordinar la compra de medios”, relata Raúl Peñaranda en su libro Control Remoto. “Julio Montes, que fue embajador de Venezuela en Bolivia entre 2006 y 2009, fue quien hizo el contacto entre Gill y Álvaro García Linera”, agrega el periodista.

En poco tiempo se hizo del control de ATB, La Razón, que administraba el grupo español Prisa. En julio de 2008, Gill concluyó las negociaciones. Un mes después, en agosto, se creó en España la empresa Akaishi, que adquirió las acciones de Prisa. El 1 de octubre se concretó el traspaso.

Gill, luego de tener en su poder La Razón, entregó la línea editorial al vicepresidente Álvaro García Linera, según Peñaranda.

En 2012 se concretó la “entrega” de PAT. En las negociaciones, según la denuncia interpuesta por la senadora Carmen Eva Gonzales, habrían intervenido Marcelo Hurtado, Jaime Iturri y Luis Nolberto Clavijo, quien fue conocido como operador del gobierno del MAS en el denominado caso Rozsa.

El senador Óscar Ortiz en su informe Carlos Gill, el empresario favorito del MAS, sostiene que los medios, al cambiar de dueño, experimentaron “un viraje en su línea editorial, asumiendo una postura claramente pro-oficialista”.

El constitucionalista Luis Vásquez Villamor, quien hace seguimiento del caso, dijo que la adquisición de medios de comunicación con “influencia nacional” fue parte del diseño político que se inició en Venezuela, en el gobierno del extinto Hugo Chávez.

“El empresario venezolano Carlos Gill ha sido enviado a Bolivia para dirigir las operaciones de inversión de Venezuela. Gill construyó una suerte de canastas de medios de comunicación entre PAT, ATB y La Razón para entregárselo al gobierno de Evo Morales, y con eso ha conformado una red poderosa de medios”, sostuvo Vásquez.

La Razón y ATB

En el caso de La Razón, el gobierno de Morales ejerció una serie de mecanismos de presión, describe Peñaranda en Control Remoto. En enero de 2007, el entonces ministro de Trabajo, Alex Gálvez, se presentó junto a 10 inspectores laborales para verificar las “condiciones laborales” del periódico.

Ese acto fue visto como amedrentamiento. Luego se presentó personal de Impuestos Nacionales para realizar una detallada auditoría impositiva.

Peñaranda relata que enterado de todas esas acciones Daniel Cruz, entonces representante de Prisa en La Razón, tomó una serie de decisiones, entre ellas iniciar la negociación “con los enviados del Gobierno para vender el periódico”. La transacción no fue económica. Fuentes cercanas al caso confirmaron a Página Siete que fue un canje de acciones de La Razón y Extra por las de una televisora de EEUU.

“Como se puede ver, entre los relatos periodísticos y las investigaciones independientes realizadas sobre la compra de medios de comunicación en Bolivia, así como la estructura societaria de las empresas dueñas del periódico La Razón, se puede presumir que tanto el gobierno (de Morales) como capitales extranjeros ejercieron una sostenida presión e influencia para que el periódico paceño llegara a ser de propiedad del empresario Carlos Gill”, se lee en el informe de Ortiz.

Página Siete se comunicó con la agencia que coordina las entrevistas y contactos con Gill, para tener su versión al respecto. No obstante, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

En el caso de ATB, en octubre de 2015, Jaime Iturri anunció su decisión de adquirir el canal en 4,5 millones de dólares junto a Marcelo Hurtado y José Luis Nemtala. “Se desconoce el origen de los fondos que se utilizaron para esta compra y lo que es más preocupante, no se conoce a quién realizaron la compra”, se lee en la denuncia que interpuso la senadora Gonzales ante la Fiscalía, en diciembre de 2019.

Iturri sostuvo a Página Siete que adquirió las acciones de ATB a la firma española Akaishi. La transacción se realizó en Barcelona. “Ahí, también y a exigencia de ellos se firmó una cláusula de confidencialidad sobre el monto”, aseguró Iturri, quien agregó que “nunca” se reunió con Gill y que no lo conoce.

En criterio de Iturri, las revelaciones sobre la venta de ATB son porque “existen intereses políticos y empresariales” y que “hasta ahora todo es dice que dice y nadie da una prueba fáctica”.

Afirmó que cuando el grupo Prisa vendió ATB, él trabajaba con Juan del Granado y era delegado para la celebración del Bicentenario. “Ese entonces no tenía nada que ver con ATB. Tiempo después entré a trabajar como director de contenidos”, indicó Iturri, quien señaló que “Gill compró La Razón y no tiene nada que ver con ATB y Akaishi”.

De acuerdo con la denuncia de Gonzales ante la Fiscalía, “la aparición de Gill, precipitó las negociaciones con los ejecutivos del Grupo Prisa para la venta del paquete comunicacional con el que contaban y que incluía a los periódicos La Razón, Extra y también la cadena de televisión ATB, aunque este último paso sigue pasando por un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros que intentan establecer confusiones sobre la titularidad de este canal de televisión”.

Caso de PAT

El propietario de la red televisora PAT era el grupo Daher, de Abdallah Daher, empresario cruceño. El pasado 7 de enero, Daher testificó ante la Fiscalía que entregó la televisora ante presiones y chantajes de distintas autoridades y personas afines al MAS.

En este caso se involucra a Jaime Iturri, Marcelo Hurtado y Luis Nolberto Clavijo, estos dos últimos se habrían identificado, según la declaración de Daher, como portavoces del gobierno de Evo Morales.

“En principio fui amenazado de que existiría una orden de apremio en contra de mi hijo Edmund Daher por delitos de contrabando y finalmente fui amenazado de ser involucrado en el caso Terrorismo, todo con el fin de transferir PAT”, relató Daher, quien dijo que ante las continuas presiones accedió a entregar la televisora por un pago que nunca se concretó.

Sergio Weise, el exgerente de PAT, confirmó la extorsión que sufrió Daher. Informó que Hurtado e Iturri le expresaron su interés de adquirir el canal, pero las negociaciones concluyeron en extorsión.

En su denuncia ante el Ministerio Público, la senadora Gonzales afirma que en el proceso de negociación intervino “como factor de presión política” el exvicepresidente García Linera. La exautoridad -se lee en el memorial- supuestamente coordinó con las tareas de extorsión con Hurtado e Iturri. Ante esa declaración, Iturri afirmó que no compró PAT, pese a que Weisse hizo la oferta.

“Yo no compré PAT, Weisse me la ofreció desesperado porque esa empresa debía una millonada en impuestos y le dije que yo no podía comprar. Sí compramos ATB, pero ahí no hay queja alguna de los vendedores”, manifestó el exdirector de esa red.

Por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación. Está detenido Hurtado, quien es acusado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

El caso de PAT

Abdallah Daher, empresario cruceño y quien fue propietario de PAT, testificó ante la Fiscalía que desde 2010 sufrió el asedio del gobierno de Evo Morales con fiscalizaciones “irregulares”, millonarias notas de cargo, chantajes y extorsiones.

De acuerdo a Daher, no cedió a las presiones de las exautoridades, pero luego aparecieron Marcelo Hurtado y Jaime Iturri. “Ahí empezó un chantaje sistemático”, indicó.

En su declaración ante el Ministerio Público relató que en una oportunidad se apareció Carlos Gill, empresario venezolano, y le dijo que quería hablar y que “Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, te odia y si quieres continuar en Bolivia debía entregar PAT”.

Además, le había manifestado “que cuando tienes un cáncer y una gangrena, es mejor perder un miembro para poder salvar el resto del cuerpo”. Según Daher, ese mensaje significó que “siendo propietario de varias empresas, si entregaba PAT, podía continuar administrando las otras empresas de mi propiedad y continuar viviendo en Bolivia”. Daher relata que cedió a las presiones luego de que le amenazaron con detener a su hijo, Edmund Daher, propietario de una casa de cambios, informó Raúl Peñaranda.

Para la firma de la transferencia de las acciones de la televisora, Hurtado convocó –según Daher- a José Luis Valencia Lozano, quien luego figuró como el presidente ejecutivo de PAT.

El senador Óscar Ortiz denunció que Valencia participó en directorios de varias empresas de Hurtado y que sería un “palo blanco”.

El caso de ATB

La red ATB era de propiedad del Grupo Prisa (Promotora de Informaciones S.A.), una compañía multimedia de comunicación española. La mayoría[I1] de las acciones la tenía la familia Polanco.

“La aparición de Gill precipitó las negociaciones con los ejecutivos del Grupo Prisa para la venta del paquete comunicacional con el que contaban y que incluía a los periódicos La Razón, Extra y también la cadena de televisión ATB, aunque este último pasó y sigue pasando por un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros que intentan establecer confusiones sobre la titularidad de este canal de televisión”, se lee en la denuncia que la senadora Carmen Eva Gonzales interpuso ante la Fiscalía.

En 2007, el Grupo Prisa estaba negociando la venta “a un buen precio” de ATB, La Razón y Extra ante la delicada situación económica internacional que atravesaba, según Raúl Peñaranda, quien relató que todo se inició tras la llegada -en 2006- de Julio Montes, embajador de Venezuela en Bolivia.

“Él decide ayudar a que se produzca la venta de los tres medios y trae a Carlos Gill, un empresario venezolano”, informó Peñaranda, quien dijo que desde entonces se registraron las presiones gubernamentales para la entrega de ATB.

Peñaranda explicó que Gill ofreció al Grupo Prisa un trueque de acciones. Gill era propietario de una red de canales latinos en EEUU, entonces intercambiaron acciones.

Iturri sostuvo que adquirió las acciones de ATB a la firma española Akaishi, pero no reveló el monto de la transacción porque hay “una cláusula de confidencialidad”.

El caso La Razón

Los matutinos La Razón y Extra también eran de propiedad del Grupo Prisa (Promotora de Informaciones S.A.), una compañía multimedia de comunicación española. La mayoría de las acciones pertenecían a la familia Polanco.

En el caso de La Razón hubo presión gubernamental antes de la venta de ese medio, según el libro Control Remoto, de Raúl Peñaranda. En enero de 2007, el entonces ministro de Trabajo, Alex Gálvez, se presentó en la sede del rotativo junto a 10 inspectores laborales para verificar las “condiciones” de trabajo. Luego recibieron la visita de personal de Impuestos Nacionales para realizar una detallada auditoría impositiva.

En 2008, las negociaciones con el Grupo Prisa no tenían un avance, pues los empresarios españoles insistían en vender a un buen precio. Esa postura cambió cuando se presentó en la sala de redacción del matutino La Razón el entonces Ministro de Trabajo.

“Nunca un ministro había hecho una inspección laboral, eso es totalmente extraño y raro. Ahí Prisa entiende el mensaje y dice: ‘la cosa está seria, ya no podemos seguir dilatando la cosa, entonces venderemos nomás’, y surge la pregunta ¿a quién le podemos vender? Ahí aparece Carlos Gill, que ya había llegado a Bolivia”, informó Peñaranda.

De acuerdo al periodista, una vez que se realizó la transferencia, Gill, propietario de La Razón, puso el medio a disposición de Álvaro García Linera. Prueba de ello -señaló- sería que fue el exvicepresidente quien designó al director de La Razón.

Pagina Siete.

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