Nadia Cruz: “No hubo un defensor que marque la imagen de Ana María Romero”

Lleva poco más de dos meses en el cargo y ya ha quedado claro que durante su gestión podrá énfasis en los temas sociales, como la violencia hacia la mujer, y no así en los asuntos de perfil político. Nadia Cruz Tarifa, una abogada oriunda de Río Seco, de la ciudad de El Alto, y formada en la Universidad Católica de La Paz, es la nueva Defensora del Pueblo de Bolivia. Asumió el cargo como interina después de la dimisión de David Tezanos Pinto y, según dice, no hay una fecha de vencimiento para esa función. Desde ya cita a Ana María Romero de Campero, la primera defensora del Pueblo de Bolivia, para afirmar que “mientras exista voluntad, el tiempo va a alcanzar”. Dice que quiere ser como Romero y asegura que hasta ahora ningún defensor ha tenido la legitimidad que Romero de Campero logró con la gente.

Con sus 36 años, relata una amplia experiencia en materia de derechos humanos. Cuenta que trabajó en temas de desapariciones forzosas, en el comité impulsor del juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y en el juicio contra el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, por el caso Porvenir. También fue voluntaria de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

No es nueva en la Defensoría. Ingresó el 2011, se fue el 2016 y regresó el 2017, para convertirse en adjunta de Tezanos Pinto. En esas funciones estaba cuando la Asamblea Legislativa aprobó su nombramiento.

Luego de la crisis en la que estuvo sumida la Defensoría por las acciones de David Tezanos Pinto, ¿cómo ha quedado la institución?

Yo no comparto el criterio de crisis institucional como tal. La Defensoría del Pueblo, si bien tiene un defensor, tiene también tres adjuntarías fundamentales, al margen de las delegaciones departamentales, además de seis o siete regionales. Si hablásemos de crisis institucional implicaría que la oficina ha dejado de funcionar o ha parado o la gente no acudió más a la institución y eso no es cierto. Más allá de los problemas que existieron, a lo que ustedes denominan crisis, la Defensoría siguió funcionando, no ha parado ni un solo día, la gente ha continuado asistiendo a la institución y los profesionales han continuado prestando los servicios. No descarto que se haya visto una crisis muy mediática, pero la institución como tal no ha dejado de cumplir su mandato constitucional.

¿Sin embargo, no cree que las acciones de Tezanos Pinto han restado credibilidad a la institución?

No me voy a referir a la gestión de Tezanos Pinto porque yo he sido parte del equipo técnico no solo de la gestión de él, sino de la gestión de Villena, y le puedo decir autocríticamente que hasta ahora no ha habido un defensor que marque o revierta la imagen de Ana María Romero de Campero. Después de Ana María Romero de Campero no ha habido una sola persona que destaque a ese nivel de legitimidad de cercanía con la gente, que llegue a ese nivel. Mi reto como Defensora del Pueblo es seguir el camino de Ana María, para mí ése es el camino correcto. Nadie puede dudar de que ha sido la mejor Defensora del Pueblo, yo diría no solo de Bolivia, sino de la región, porque ha marcado camino para muchas defensorías que tenemos alrededor.

El anterior defensor tenía una afinidad con el Gobierno. ¿Cuál será la actitud que va a tomar de aquí para adelante la institución respecto al Gobierno?

Si han habido observaciones por alguna cercanía, corresponde que sea la Asamblea Legislativa la que de cuentas de aquello, que diga qué corresponde de acuerdo a mandato constitucional. Esta Defensoría del Pueblo se va a ajustar al mandato constitucional y a la Ley 870, además de continuar con el estándar o con la categoría de Defensoría del Pueblo A de la región. Desde un punto de vista muy clásico de derechos humanos, las vulneraciones son sólo cometidas por los Estados, pero Naciones Unidas ha abierto ya el debate respecto a la vulneración de derechos humanos por parte de empresas privadas, eso amplía mucho más el trabajo de las defensorías del pueblo.

Pero en Bolivia todavía no se ha producido un cambio en la norma en ese sentido, ¿verdad?

Tampoco es un óbice legal para poder intervenir. Bolivia es parte de Naciones Unidas. En la Defensoría del Pueblo se está discutiendo desde la gestión 2012 sobre la vulneración de derechos humanos por parte de agentes privados, el tema de violencia contra la mujer es un claro ejemplo de aquello.

¿Cuál es el estado de los derechos humanos en Bolivia actualmente? ¿Usted diría que hemos avanzado, hemos retrocedido o estamos igual?

Los estados de situación presentados en la Defensoría del Pueblo han señalado que existen avances importantes. El avance normativo y de política pública es muy favorable para los derechos humanos, pero como Defensoría del Pueblo consideramos que existe una separación entre el espíritu de la norma y el espíritu de la política pública al momento en que llega a caso concreto. Lo que está faltando es que la norma termine de llegar al ciudadano. La crisis que está viviendo el sistema de justicia está generando una percepción mayor de vulnerabilidad de derechos humanos, pero la falta de respuesta, de credibilidad, de acceso a la justicia está generando que cualquier causa pequeña, mediana o grande no tenga una respuesta correcta y eso se traduce en 225% de hacinamiento en cárceles.

Hacinamiento y cosas peores, como violaciones en las carceletas.

El hacinamiento es efecto de que no hay una reforma seria. Se debe a que en la discusión se mete una discusión de grupo, de intereses particulares o discusiones partidarias. El Código del Sistema Integral Penal estaba planteando una reforma en el sistema procesal (fue anulado), pero no se ve como una razón seria de Estado y no haber asumido esa definición en su momento es lo que genera este 225% de hacinamiento.

¿Y todo esto que usted está afirmando no hace que la situación de los derechos humanos en Bolivia esté en cuestión?

Es un tema de percepción definitivamente, pero no se puede estandarizar por una sola causa, es mucho más complejo que eso. Si usted no tiene un sistema de justicia que funcione y que responda, usted no va a tener una percepción de que los derechos humanos se estén respetando.

Que es lo que pasa ahora.

Sí, pero porque el sistema de justicia no responde. La modificación del Código del Sistema Integral Penal ha sido una respuesta estatal seria. No se va a resolver el tema del sistema de justicia si no se resuelve el problema del sistema de justicia.

¿No cree que uno de los problemas de la justicia sea la politización, en sentido de que el partido de gobierno ha tomado algunas instancias de la justicia para beneficio partidario?

Yo le hago una pregunta, cuando una mujer denuncia, como en el caso Yacuiba, pero nunca le hicieron cumplir su resolución del abreviado, que encima esa mujer decidió disculparlo (al hombre que luego la mató) y luego se acaba muerta con sus hijos.

Obviamente ahí no, pero estamos hablando de casos con perfil político.

Es que ese es el problema. Dígame usted cuál es el verdadero problema actual en tema de derechos humanos.

Los dos, los dos.

El tema de violencia de género particularmente me duele más.

A nosotras con seguridad también.

Ese es un problema serio, el tema de que se estén matando mujeres, que se estén violentando mujeres y que todo eso esté en la impunidad, con 1,13% de casos resueltos de violencia contra la mujer, eso a mí como Defensora me alerta mas. Ése es mi espacio de trabajo.

¿Usted cree que hay perseguidos políticos en Bolivia?

Yo creo que el tema de persecución política se relativiza cuando se toma en cuenta las causas de las denuncias y las pruebas aportadas según el caso. En muchos casos se ha tratado de utilizar casos en los que yo particularmente creo que la causa ha sido la vulneración de derechos humanos groseras, como el caso de Porvenir.

Varias instituciones que han promovido el proceso finalmente han desistido, pese a eso ¿usted cree que ese proceso debe seguir adelante? ¿No cree que ahí hay un margen de duda en torno a la situación de Leopoldo Fernández?

Claro que no. La Defensoría del Pueblo ha emitido un informe especial sobre lo que ha ocurrido en Porvenir, ese informe ha sido ratificado en juicio por el defensor del Pueblo de ese momento, Waldo Albarracín.

Se lo pregunto porque gente como doña Amparo Carvajal han desistido.

Es que sólo es Amparo, solamente es Amparo y además lo ha hecho de mala manera. Eran tres instituciones las que componían el comité impulsor, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Asociación de Detenidos y Desaparecidos y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos. Ese comité no se fue del juicio, fue una persona la que decidió salirse. Ahí, no hay un tema de que las instituciones se hayan salido y por sobre todo hay un informe defensorial que señala que ha habido vulneraciones de derechos humanos . Por eso yo le digo, para cada causa habría que revisar la relación de hechos y los antecedentes .

¿Y qué hay de los derechos de los pueblos indígenas como TIPNIS y Tariquía?

En el caso del TIPNIS, la Defensoría del Pueblo en su momento emitió un informe defensorial que señalaba que habían existido vulneraciones, ese informe defensorial ha sido cerrado como cumplido por el mismo defensor que lo ha emitido.

¿Qué significa cerrado como cumplido?

Que ha señalado que las recomendaciones no merecían mayor seguimiento.

¿Quiere decir que Rolando Villena hizo eso?

Sí, sobre eso institucionalmente yo no podría decir nada. En el caso de Tariquía, la Defensoría del Pueblo está interviniendo actualmente, hemos hecho ya dos ingresos a solicitud de las comunidades y a solicitud de la Asamblea de Derechos Humanos del lugar. Actualmente entendemos que está ingresando un comité cívico, por aquello no corresponde que nosotros ingresemos porque eso es un accionar político, pero sí vamos a continuar acudiendo al llamado de las comunidades. Adelantarles que en el lugar hemos recibido percepciones encontradas de gente que sí quiere que se ingrese y gente que no quiere que se ingrese.

Volviendo al caso del TIPNIS, si bien la Defensoría lo ha dado por cerrado, siguen habiendo denuncias recientes sobre la continuación de la carretera y también la violación de derechos de los pueblos. ¿La Defensoría ha dejado cancelado esto?

El defensor en su momento, en su caso el defensor Villena, decidió ir por la vía de la resolución defensorial, él podría haber definido asumir una acción constitucional o una acción internacional.

Pero el mismo Villena ha estado en las últimas incursiones para denunciar el caso ante instancias internacionales. ¿Ustedes no han hecho nada al respecto?

En ese tipo de casos institucionalmente no corresponde seguir. La decisión primaria fue la asumida por Rolando Villena, emitió en un informe que luego él cerró y, dos, él decidió abrir una oficina en el TIPNIS y luego él la cerró. Institucionalmente como defensor él decidió asumir aquello, posteriormente nosotros como Defensoría del Pueblo no hemos hecho mayores incursiones.

¿Cuál es la institución que más viola los derechos humanos? Se decía que era la Policía, ¿esto sigue siendo así?

Si se lo toma como la cantidad de casos que nosotros recibimos, donde se identifica a una institución como denunciada, sí, se podría considerar la Policía Boliviana. Sin embargo, nosotros hemos sumado la cantidad de denuncias contra gobiernos municipales, por el tipo de competencias que ellos tienen y por el relacionamiento con la sociedad, y el dato que hemos recibido los últimos tres años es que la mayor cantidad de denuncias se registran contra gobiernos municipales.

¿Qué cree que se debería hacer con la Policía, tomando en cuenta los hechos en los que últimamente ha estado involucrada, como las violaciones en carceletas?

Ya en el caso de las violaciones, yo creo que hay que ver dos caminos, el primero es la responsabilidad personal de los policías acusados y por el otro la permisividad de ese tipo actos. La institución debe crear mecanismos de prevención de ese tipo de situaciones, además de generar mecanismos para que una persona en situación de encierro pueda denunciar y tener acceso a una respuesta efectiva por parte del Estado y que se generen mecanismos idóneos para que esto sea llevado a la instancia que corresponde.

Respecto a los derechos de las mujeres, ¿piensa hacer algo para lograr que la Ley 348 tenga mayor efectividad?

Es importante generar todos los mecanismos para que la Ley 348 se cumpla. La violencia contra la mujer en la familia no es la única, la mujer en cualquier ámbito en que se encuentre sigue estando en una situación de vulnerabilidad, entonces nosotros estamos muy preocupados y estamos viendo de atacar por los distintos lados. Estamos pensando lanzar una campaña de prevención de violación de derechos de las mujeres y en cuanto a la 348 específicamente hemos sacado un informe defensorial que señala que todavía nos faltan centros de acogida, todavía faltan los servicios legales integrales municipales, falta que se apliquen medidas de protección. Estábamos viendo el tema de los municipios mancomunados con la idea de que puedan sumar recursos para que puedan resolver la demanda, también hemos conocido que va a haber un fortalecimiento de casi 50 o 80% de funcionarios de la FELCV y algo importante son los centros de acogida, porque es muy complicado para la mujer que denuncia; si no tiene un lugar dónde ir, va a seguir siendo golpeada y violada por la pareja.

El Gobierno acaba de crear el servicio de defensa de la mujer y también el gabinete de la mujer dirigido por el presidente Evo Morales. ¿Cree usted que estas dos instituciones ayudan o se está duplicando la institucionalidad?

Entendemos que el gabinete de la mujer va a tomar definiciones en el ámbito político estructural, que nos parece que es importante. En cuanto al servicio de despatriarcalización, entendemos que va a tratar de asumir retos o medidas en cuanto a las brechas económicas, que creo que hasta ahora ninguna institución lo ha asumido, además del tema de política pública y el tema de prevención. Yo le diría que el tema de prevención ojalá todos trabajáramos. Si se duplican, ojalá lo hagan.

Seis venezolanos han sido expulsados, usted dijo que habían sido cooptados para hacer una protesta. ¿Ha llegado a establecer quién los ha cooptado?

Tengo el nombre.

¿Quién es?

Yo no puedo revelar datos porque el caso todavía está en investigación, pero sí hemos hecho la toma de testimonios de los 15 venezolanos. (Es) un boliviano y ellos han denunciado que se les ha pagado 80 bolivianos, que se los ha localizado por el lugar donde estaban agrupados, que además les habían dado alimentación y que ellos por alimento, dinero y poleras decidieron ir.

¿Es alguna persona de la oposición?

Desconozco, sólo nos han registrado un nombre, un número de teléfono y una fotografía.

Pese a ese hecho censurable, ¿no cree que expulsarlos ha sido una medida en contra de los derechos humanos, tomando en cuenta que son personas vulnerables, que seguramente tienen hambre y frío?

La expulsión no es un término técnico correcto. Hemos hablado con la directora de migraciones y ella nos ha señalado que se iba a respetar los derechos de los solicitantes de refugio, eso ha sido cumplido posterior a nuestra intervención. En el caso de los migrantes, hay dos posibilidades que todavía no nos ha aclarado Migración. La primera es que ellos hayan recibido sus resoluciones de salida obligatoria del país por falta de documentación y otro tipo de irregularidades en el ingreso y en otros, por salidas voluntarias. Entonces solicitamos a Migración que nos diga cuál ha sido el trámite legal por el cual hubiesen salido los ciudadanos restantes.

¿Cree que hay una acción política de parte del Gobierno en contra de esa gente por protestar en la Embajada de Cuba?

No nos corresponde a nosotros definir acciones políticas, nosotros tenemos que ver si ha habido cumplimiento o no cumplimiento de la norma. La Defensoría ha estado ahí pidiendo que se cumpla la Ley de Migración y la Ley de Refugio, que es lo que corresponde, ya si hay las razones seguramente van a salir de la investigación, pero es algo que todavía no se ha cerrado.

¿Usted ha pensado en alguna acción para hacer reflexionar a las autoridades sobre sus dichos machistas?

No solamente son autoridades, actores políticos, dirigencias sindicales, líderes de opinión, personajes notables, cualquier persona que tenga una irradiación, una representatividad hacia afuera que sale con un sesgo machista es reprochable y más ahora cuando todos los días van saliendo casos de violencia. Ingresar a esa violencia de palabra, violencia mediática genera cierto grado de confort en ese espacio de violencia. Creemos que tiene que trabajarse en prevención, desde la denuncia pública, desde la llamada de atención, desde el ámbito que a nosotros nos corresponda. Lo vamos a hacer, pero no creemos en el tema de penalización por todo lo que tenemos ahora en cárceles. Se deben generar mecanismos internos de reproche también, en las cámaras legislativas, en los comités ejecutivos y en los concejos.

HOJA DE VIDA

En lo académico Es abogada de la Universidad Católica, tiene una maestría en derecho constitucional
DDHH Trabajó en la temática de las desapariciones forzosas, en el juicio contra Goni y en el juicio contra Leopoldo Fernández.

Pagina Siete.