El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves en grande y en detalle el Proyecto de Ley N.º 066/2025-2026 de Acceso a la Información Pública, una iniciativa que busca dotar al país de un marco legal para garantizar la transparencia en la gestión gubernamental.
La sesión 164° del Legislativo marcó un hito en el debate sobre la calidad democrática, ya que con esta decisión Bolivia da un paso para salir del rezago regional en materia de derecho a la información. La norma fue trabajada durante meses en mesas técnicas y recoge aportes de diversos sectores.
La propuesta fue presentada en enero por la senadora Soledad Chapetón, quien impulsó el diálogo con la sociedad civil para enriquecer el texto original. Desde entonces, el proyecto fue ajustado para alinearse a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que permitió consolidar un consenso que derivó en su aprobación unánime en la Cámara Alta.
Detrás de este respaldo legislativo existe un trabajo articulado de más de una docena de instituciones. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Fundación CONSTRUIR, la Comunidad de Derechos Humanos (CDH) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), entre otras, acompañaron el proceso y celebraron la voluntad política manifestada por los senadores.
Bolivia se mantenía hasta ahora como el único país de Sudamérica que carecía de una norma marco sobre acceso a la información pública. Esta situación era considerada por los activistas como una traba estructural para el control social y la lucha contra la corrupción, ya que limitaba las herramientas de fiscalización ciudadana sobre los actos de gobierno.
El proyecto aprobado no solo beneficia al ejercicio periodístico, sino que establece mecanismos para que cualquier persona pueda solicitar y obtener datos oficiales. La iniciativa busca transformar la cultura del secretismo estatal hacia un modelo de transparencia activa, donde la información sea accesible por defecto y las excepciones estén claramente justificadas por razones de seguridad o privacidad.
Las organizaciones firmantes del acuerdo manifestaron que el acceso a la información es un derecho fundamental que permite a la población participar con conocimiento en las decisiones públicas y exigir rendición de cuentas. En ese sentido, calificaron la aprobación en Senado como un avance "sin precedentes", aunque advirtieron que el proceso no ha terminado.
La articulación ciudadana anunció que mantendrá una vigilancia permanente durante el trámite en la Cámara de Diputados, donde se deberá tratar el proyecto en las próximas semanas. Los impulsores exhortaron a los legisladores a actuar con celeridad para sancionar la ley en la presente legislatura, argumentando que se trata de una deuda pendiente con la democracia y el Estado de Derecho.
Con esta norma, el país avanzaría además en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, cerrando una brecha que lo mantenía aislado del resto de la región en cuanto a garantías de transparencia.




