El hurto de material bélico del Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, ubicado en el municipio de Chua Cocani, en La Paz, reveló la existencia de una presunta red criminal vinculada a la minería ilegal. Las autoridades lograron recuperar gran parte del arsenal sustraído y aprehender a seis personas, varias de ellas miembros activos de la Armada Boliviana.
Las pesquisas de la Policía Boliviana indican que las armas tenían como destino organizaciones dedicadas a actividades ilícitas en zonas mineras, principalmente en Sorata, región donde en las últimas semanas se registraron ataques armados y disputas por avasallamiento de tierras.
“De acuerdo a las investigaciones preliminares, se tiene información que este armamento iba a dar a manos de una organización criminal dedicada al avasallamiento de tierras que se dedican a la minería ilegal”, informaron fuentes policiales. El caso no descarta la participación de ciudadanos extranjeros, lo que ampliaría el radio de acción de la red delictiva.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Henry Pinto, detalló que mediante operativos de inteligencia se recuperaron 10 armas largas y cuatro cortas. Aún faltan por ubicar un arma larga y dos cortas, aunque el jefe policial afirmó: “Se ha podido ubicar las armas sustraídas”.
El robo no fue un hecho fortuito. Según la investigación, el plan contó con apoyo interno: un marinero facilitó la sustracción tras recibir una llamada sospechosa, incurrió en retrasos injustificados dentro de su unidad e intentó eliminar pruebas antes de confesar su responsabilidad. Hasta el momento, seis personas fueron aprehendidas y tres arrestadas.
Entre los involucrados figuran efectivos militares de distintos rangos, lo que evidencia fallas de control al interior de la institución armada y posibles vínculos con actores externos. Las autoridades advirtieron que el desvío de armamento militar puede fortalecer a organizaciones criminales, por lo que calificaron el hecho como de alta gravedad.
El proceso fue remitido al Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para identificar a todos los responsables. El caso generó preocupación por la posible infiltración de redes ilegales en estructuras estatales y por el uso de armas militares en conflictos vinculados a la minería ilegal, un fenómeno que en los últimos meses incrementó su nivel de violencia en distintas regiones del país.




