El abogado Guery Pereira y el exfiscal Anghelo Saravia apuntan a exautoridades del Gobierno de Evo Morales y del Órgano Judicial.
El abogado Guery Pereira Terrazas, exdefensor del actual vicepresidente Edmand Lara, denunció una serie de torturas, presiones y persecución judicial sufridas por el hoy ministro de Justicia, Freddy Vidovic Falch, en el marco del caso Martín Belaúnde Lossio, el empresario peruano cuya fuga en 2015 provocó un escándalo internacional.
Desde Santa Cruz, Pereira afirmó que existen policías identificados, entre ellos un exagente conocido como “Tamala, el torturador”, quien habría obligado a Vidovic a firmar dos hojas en blanco bajo amenazas. “A partir de esas hojas apareció una supuesta declaración, un juicio y una sentencia. Eso es jurídicamente imposible”, denunció.
El jurista aseguró que este grupo policial actuó bajo la protección de autoridades del gobierno de Evo Morales, y que el entonces fiscal general Ramiro Guerrero habría colaborado en la fabricación del caso. “Queremos ver el cuaderno procesal, la imputación, la declaración informativa. No hay prueba alguna de que haya existido juicio”, exigió Pereira.
Asimismo, recordó que el propio Morales atribuyó la fuga de Belaúnde a “malos policías”, sin mencionar a Vidovic, y que el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó a su antecesor Hugo Moldiz, destituido tras el hecho.
Pereira también denunció que durante su defensa de Edmand Lara fue víctima de hostigamiento: “Me pincharon las llantas, me cortaron los frenos y un policía me golpeó. Así operaba el gobierno del MAS. Hoy usan las mismas infamias para atacar a un profesional honesto como Vidovic”.
Por su parte, el exfiscal anticorrupción Anghelo Saravia, quien encabezó la investigación del caso Belaúnde, aseguró a EL DEBER que hubo hechos irregulares destinados a encubrir a funcionarios del Gobierno de Morales.
Según Saravia, Belaúnde y Juliano Arista (el “Curaca Blanco”) declararon haber entregado sumas de dinero al entonces ministro Hugo Moldiz y al magistrado Pastor Mamani a cambio de promesas de refugio político. “Esa declaración fue modificada posteriormente bajo presión”, afirmó.
También acusó al exfiscal general Guerrero y al exfiscal departamental Paul Franco (hoy expresidente del Tribunal Constitucional) de haber alterado declaraciones y destruido pruebas para proteger a altos funcionarios.
Ante las revelaciones, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que se instruyó a los nueve tribunales departamentales verificar si el ministro Vidovic tiene procesos judiciales o antecedentes. “Si existe una sentencia ejecutoriada, la daremos a conocer. Actuaremos con total transparencia”, declaró.
Saucedo aclaró que un ciudadano con sentencia firme no puede ocupar un cargo público, aunque recordó que la designación de ministros es atribución exclusiva del presidente.
El caso Martín Belaúnde Lossio, exasesor del expresidente peruano Ollanta Humala, sigue siendo uno de los episodios más controversiales de la última década. Su fuga y recaptura en 2015 provocaron tensiones diplomáticas entre Bolivia y Perú, y hoy, casi diez años después, vuelve a generar ruido político en el país.




