La defensa de Marset sostenía que los agentes de la DEA lo interrogaron sin respetar sus derechos Miranda y que sus declaraciones debían ser excluidas del proceso. Sin embargo, el juez concluyó que no se vulneraron los derechos del acusado durante los interrogatorios realizados por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en suelo boliviano. En un fallo de 23 páginas, Alston sostuvo que el Gobierno estadounidense cumplió con su obligación de demostrar que no hubo vulneración de derechos y que no existían motivos para excluir las declaraciones ni las pruebas físicas derivadas de ellas.
Según la publicación de Organized Crime and Corruption Reporting Project, el magistrado consideró que Marset inició algunas de las conversaciones con los agentes después de su captura en Bolivia y que no fue coaccionado para declarar durante su expulsión a Perú y posterior traslado a Estados Unidos. Asimismo, descartó la acusación de que los agentes de la DEA le hubieran solicitado entregar sus criptomonedas, señalando que no existe evidencia en el expediente que respalde esa afirmación, la cual además fue negada bajo juramento por el principal agente de la investigación durante una audiencia previa al juicio.
El juez también rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta conducta indebida de los fiscales. En su resolución destacó el profesionalismo y la ética del equipo del Departamento de Justicia y consideró que las circunstancias descritas sobre la captura no resultaban escandalosas. La defensa había alegado persecución vengativa y mala conducta de los fiscales, argumentos que fueron desestimados por el magistrado.
La decisión judicial se conoce días después de que los fiscales estadounidenses solicitaran autorización para incorporar al juicio mensajes interceptados y documentación sobre presuntos sobornos que Marset habría realizado a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. De acuerdo con la Fiscalía, esos pagos le habrían permitido obtener información sobre investigaciones de narcotráfico, evadir operativos de captura y recibir alertas sobre reuniones de la DEA con autoridades bolivianas. El juez todavía no se pronunció sobre la admisión de esas pruebas ni sobre los testimonios de presuntos integrantes de la organización criminal. También está pendiente una solicitud de la defensa para excluir evidencias obtenidas de mensajes cifrados de la plataforma Sky Global.
En actuaciones previas del proceso, la Fiscalía estadounidense sostuvo que Marset proporcionó voluntariamente información a agentes de la DEA después de su captura en Santa Cruz. Según documentos judiciales a los que tuvo acceso EL DEBER, el uruguayo habría revelado que todavía tenía dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína en Bolivia y que el Primer Comando de la Capital (PCC) traficaba entre el 80% y el 90% de las armas que llegaban al país. La defensa cuestionó las condiciones en las que se obtuvieron esas declaraciones y pidió que fueran excluidas, mientras que la Fiscalía sostuvo que Marset fue informado de sus derechos y aceptó conversar con los agentes.
Marset fue capturado durante un operativo policial en Santa Cruz y posteriormente trasladado a Estados Unidos con intervención de la DEA. Inicialmente fue acusado de lavado de dinero y después recibió cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Con el rechazo de los recursos de la defensa, el proceso continúa encaminado hacia el juicio con jurado programado para comenzar el 11 de enero de 2027.




