Un informe de la UIF y un reportaje internacional revelan transferencias, cheques y acciones irregulares que vinculan a empresarios cruceños con el desvío de más de 4.000 millones de bolivianos.
Un reportaje del diario argentino Perfil, basado en un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), expuso nuevas conexiones en el caso Banco Fassil, involucrando directamente a Juan Pablo Velasco —hijo del exdirectivo Álvaro Velasco— y a Tatiana Marinkovic, hermana del exministro de Economía Branko Marinkovic. Ambos aparecen en una red de transferencias, dividendos y operaciones financieras señaladas como parte del millonario desvío de fondos que superaría los 4.000 millones de bolivianos.
El documento atribuye a Velasco la recepción de cheques y dividendos vinculados a empresas del grupo Santa Cruz Financial Group, matriz del Fassil, además de la tenencia de acciones en sociedades relacionadas. Durante el reciente debate vicepresidencial, un candidato exhibió copias de supuestos pagos por 364.850 bolivianos, que reforzaron las sospechas sobre su participación en la estructura financiera del banco.
Por su parte, Tatiana Marinkovic figura como parte del equipo que gestionó la capitalización del Fassil en la etapa posterior a la intervención. Su hermano, Branko Marinkovic, fue ministro durante el gobierno transitorio y es mencionado en el reportaje como un actor con influencia clave en el proceso financiero que precedió al colapso del banco. Si bien no hay imputaciones formales en su contra, el informe sugiere que empresas cercanas a la familia habrían participado en movimientos de capitales entre 2019 y 2021.
El material también cita a empresarios y compañías como Juan Carlos Sánchez (Ferrotodo), Luis Barbery Paz (Unagro), Manzana 40, Import Export Las Lomas y la Compañía Industrial Hermanos Vicente, que según la UIF recibieron créditos fuera de norma o beneficios directos. Estas operaciones fueron detectadas antes de la intervención de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en abril de 2023, cuando se confirmó un agujero financiero superior a los 2.200 millones de bolivianos y una larga cadena de préstamos sin respaldo.
El caso tuvo además un giro trágico con la muerte del interventor Carlos Colodro, hallado sin vida semanas después de asumir el control de la entidad. Aunque el Gobierno sostuvo la versión del suicidio, sectores políticos y familiares denunciaron presiones y encubrimientos relacionados con la red financiera en investigación.
A más de un año del colapso, el caso Fassil sigue abriendo grietas en el poder económico y político de Santa Cruz. El informe de la UIF y las revelaciones periodísticas vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quiénes fueron realmente los beneficiarios mayores del desfalco más grande del sistema financiero boliviano?




