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NACIONAL

Gobierno asigna Bs 5,5 millones para reparar viviendas dañadas por explosiones en Viacha

El Decreto Supremo 5774 autoriza al Ministerio de Defensa transferir esos recursos a la Agencia Estatal de Vivienda, que ejecutará un programa excepcional de reconstrucción y reparación en los inmuebles afectados por el siniestro del 4 de septiembre en el Regimiento "Simón Bolívar".

Gobierno asigna Bs 5,5 millones para reparar viviendas dañadas por explosiones en Viacha
Gobierno asigna Bs 5,5 millones para reparar viviendas dañadas por explosiones en Viacha

El Gobierno destinó Bs 5,5 millones para recuperar las viviendas afectadas por las explosiones ocurridas el 4 de septiembre en el Regimiento "Simón Bolívar", en el municipio de Viacha, departamento de La Paz. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5774, del 16 de noviembre, que autoriza al Ministerio de Defensa transferir esos recursos de su presupuesto institucional a la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), entidad que se encargará de ejecutar las obras.

Los fondos serán utilizados exclusivamente en un programa excepcional de intervención en los inmuebles dañados por el siniestro. Ese plan contempla trabajos de reconstrucción, reparación, reposición de elementos constructivos, demolición técnicamente necesaria y reposición de instalaciones básicas indispensables.

La norma precisa que las intervenciones deberán limitarse a restituir las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad que las viviendas tenían antes del incidente. Por ello, no se contemplan ampliaciones ni obras ajenas a los daños acreditados.

Los beneficiarios serán los propietarios y, de manera excepcional, los poseedores de viviendas afectadas dentro del área del siniestro. Esa zona será delimitada por el Ministerio de Defensa mediante un informe técnico que deberá remitirse oficialmente a la AEVIVIENDA.

El decreto también establece que la falta de perfeccionamiento del derecho propietario no será, por sí sola, un impedimento para acceder a las intervenciones, siempre que la posesión pueda acreditarse mediante documentación disponible, certificación municipal u otros medios idóneos.

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