- Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, deslinda al Ejecutivo de motivaciones políticas y asegura que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley.
En un intento por dar un marco estrictamente jurídico a uno de los procesos de mayor tensión política del país, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó este jueves que la orden de aprehensión contra el expresidente y líder cocalero, Evo Morales, será ejecutada como parte de un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado, deslindando al Ejecutivo de cualquier motivación política.
“Lo del expresidente Evo Morales es una tarea conjunta entre la administración de Justicia, que tiene una responsabilidad ahí, el Ministerio Público y nosotros (como) Gobierno y Policía Nacional”, declaró Oviedo a los medios de comunicación. Con esta afirmación, la autoridad buscó proyectar la acción como el resultado de una cadena de decisiones técnicas y jurídicas, y no como una orden unilateral emanada del poder político.
El titular de la cartera de Gobierno fue enfático al reiterar que la administración actual no utilizará el caso con fines de agitación política. Insistió en que no se convertirá la orden judicial en una “bandera política” ni en una “tarea de venganzas o de revanchismos”, limitándose a hacer que “la ley se cumpla como debe ser”.
Este mensaje busca, aparentemente, contrarrestar las acusaciones de persecución política que han surgido desde el entorno del expresidente Morales y sus seguidores, quienes han denunciado una campaña de hostigamiento en su contra. Al enmarcar el procedimiento como una responsabilidad compartida y despersonalizada, el Gobierno intenta blindar el proceso de cuestionamientos sobre su legitimidad y motivación última.
Las declaraciones del ministro Oviedo se producen en un contexto donde la orden de aprehensión contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) representa uno de los focos de mayor desafío para la estabilidad política y social del país. La efectiva coordinación entre las instituciones y el desenlace legal final dependerán de la compleja dinámica entre los poderes del Estado, así como de la presión y reacción que puedan generar los distintos actores sociales y políticos involucrados.




