El Gobierno nacional se mostró dispuesto a iniciar un proceso de diálogo para revisar la Ley 1720 de conversión de la pequeña propiedad a mediana, luego de admitir que la norma actual no logró los acuerdos necesarios. La información fue brindada este jueves por el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, en entrevista con el programa La Mañana en Directo de radio ERBOL.
El viceministro reconoció que la polémica ley, promulgada el 10 de abril de 2026, no tuvo la socialización ni el consenso requeridos con las organizaciones campesinas e indígenas, ni tampoco con otros sectores interesados en la temática. Esa falta de concertación, explicó, derivó en protestas y movilizaciones, incluyendo una marcha de sectores indígenas y campesinos desde Pando hacia La Paz.
“Nosotros creemos que incorporando a estos actores, porque no hubo la suficiente socialización de la ley, hoy podemos generar una nueva ley donde todos estemos representados. Eso es lo que el Gobierno va a promover ahora”, sostuvo la autoridad.
Vaca Díez puntualizó que, como primer paso, la Asamblea Legislativa debe abrogar la actual normativa. Una vez derogada, se instalarán mesas de diálogo para definir los contenidos centrales de la nueva ley. El viceministro insistió en que esta metodología responde a una instrucción presidencial.
“El Presidente ha sido muy claro: vamos a establecer todas las mesas de diálogo porque esa es la forma en que queremos avanzar. El país tiene que dejar ese viejo proceso de paros y bloqueos que nos perjudican a todos”, afirmó Vaca Díez.
La Ley 1720 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir voluntariamente pequeñas propiedades tituladas en medianas en un plazo máximo de diez días hábiles. Sectores indígenas y campesinos denuncian que la norma beneficia a los empresarios agropecuarios de la región cruceña, en perjuicio de los pequeños productores, especialmente del occidente del país. Organizaciones como la CSUTCB y la CIDOB han calificado la ley como inconstitucional y advierten que vulnera derechos indígenas al no haberse realizado la consulta previa.
El Gobierno, a través de una reunión sostenida el miércoles con representantes de la CSUTCB en la Casa Grande del Pueblo, acordó gestionar la abrogación de la Ley 1720, aunque la decisión final corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con la apertura al diálogo, el Ejecutivo busca superar las movilizaciones y alcanzar una normativa con mayor representación social.




