Justiniano, ingeniero de formación y exlegislador que ocupó el cargo de viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante dos mandatos —el último desde noviembre de 2025—, señaló que la participación boliviana en la ACCC representa un paso hacia compromisos concretos. "Ya no se trata solo de enviar mensajes, sino que avanza hacia algo más sustancial, hacia planes de campaña", afirmó al valorar la iniciativa que reúne a 19 países.
El ministro informó que Bolivia detiene actualmente entre 30 y 40 figuras clave vinculadas al narcotráfico, principalmente con conexiones con Brasil y con dos organizaciones criminales incluidas en la lista estadounidense de organizaciones terroristas: el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV). Estas organizaciones se han establecido en Bolivia y han operado con cierto grado de impunidad durante más de 20 años, precisó.
En ese marco, mencionó la detención del Fiscal General Roger Mariaca, acusado de facilitar el narcotráfico y la corrupción. Según Justiniano, la detención e investigación del fiscal general marcaron un punto de inflexión para el país y formaba parte de una estructura que también amenazaba la democracia boliviana. El ministro señaló además que se descubrieron indicios de que se podrían haber proporcionado recursos financieros para que, durante 53 días entre mayo y junio de 2026, Bolivia sufriera un bloqueo con escasez de alimentos y medicinas.
Respecto al caso Sebastián Marset, indicó que se ha convertido en un símbolo en todo el hemisferio, pero subrayó que más importante que el individuo es desmantelar la organización criminal. En esa línea, sostuvo que el trabajo se orienta a destruir no solo la capacidad de transporte de drogas, sino también las estructuras financieras y las redes internacionales.
El titular de Defensa explicó que Bolivia trabaja en modificar su marco legal para que las Fuerzas Armadas desempeñen un papel más claro en la lucha contra el narcotráfico, respetando la responsabilidad principal de la Policía. Mencionó como referencia los casos de Brasil, donde las Fuerzas Armadas pueden operar en una franja de 150 kilómetros en la frontera, y de Perú, con la experiencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
En materia de cooperación regional, Justiniano destacó el trabajo cercano con Brasil y la coordinación entre la Policía boliviana y la Policía Federal de Brasil. "Tras mucho tiempo, Bolivia ha regresado a la mesa de cooperación en materia de seguridad como un socio de confianza", manifestó. También se refirió a las conversaciones con Chile para realizar operaciones paralelas, similares a la Operación Ágata brasileña, y al taller multinacional celebrado en La Paz con representantes de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos.
El ministro mencionó que Ecuador modificó su marco legal en esta materia y que Bolivia estudia ese enfoque. Asimismo, informó que se incluyó en la agenda la necesidad de realizar una auditoría, en cooperación con otros países, de los sistemas de radar que operan en Bolivia, así como de las capacidades de vigilancia satelital y rastreo de aeronaves. Recordó que Bolivia invirtió 190 millones de euros (213 millones de dólares) en un sistema de control de tráfico aéreo en 2016 y que en 2026 se encontraron con un proyecto inconcluso, actualmente en proceso de conclusiones legales.
Finalmente, Justiniano estimó que el 80 por ciento de la cocaína que sale de Bolivia va a Brasil y remarcó que el país también es territorio de tránsito para drogas provenientes de Perú. "No vamos a bajar la guardia y seguiremos avanzando", concluyó.
