- Asambleístas hallan oficina clandestina con listas de personal, dinero en efectivo y mensajes de WhatsApp que revelan una estructura organizada de extorsión al funcionariado público.
Una investigación impulsada por tres asambleístas departamentales destapó este miércoles una presunta red de cobros ilegales al interior del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, que se extendería a otras reparticiones de la Gobernación. Los legisladores Samanta Coronado, Israel Alanoca y Aida Quispe llegaron hasta el edificio V Centenario, donde encontraron a funcionarios recibiendo pagos en efectivo del personal del SEDES.
Los asambleístas actuaron tras una denuncia anónima que alertaba sobre los cobros regulares que se realizaban en una oficina del segundo piso. Al ingresar, encontraron planillas de pago, una computadora con bases de datos del personal y tres cajones repletos de billetes. “Uno de los funcionarios forcejeó con Israel Alanoca y salió huyendo, pero logramos detenerlo con apoyo policial”, relató Coronado.
De acuerdo con los legisladores, los cobros se realizaban de manera mensual y variaban según el cargo del empleado. Uno de los detenidos habría admitido que los pagos se hacían “por instrucción del gobernador Santos Quispe”, aunque este extremo aún debe ser confirmado por la investigación formal.
En el lugar también se halló a un exfuncionario del SEDES, quien aseguró haber sido despedido por negarse a pagar. “Me dieron mi memorándum de agradecimiento por no cancelar esos cobros ilegales”, declaró.
La pesquisa se sustenta, además, en capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp institucional llamado “Hacemos Gestión”. Por ese medio se citaba al personal a la oficina del V Centenario para “ponerse al día” con los pagos, incluso con deudas de meses anteriores.
“Es vergonzoso este nivel de corrupción en el SEDES”, expresó el asambleísta Israel Alanoca, mientras revisaban las pruebas. Los denunciantes exigen que se identifique a quienes alquilaron la oficina y se depuren responsabilidades en todas las dependencias involucradas, entre ellas el SEDEGES y el SEDEDE.
Por su parte, el director del SEDES, Juan Carlos Camacho, negó cualquier vinculación del gobernador con los hechos. Aseguró que los implicados son exfuncionarios y que la institución analiza acciones legales. Además, acusó a los asambleístas de buscar protagonismo de cara a las elecciones subnacionales de marzo.




