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NACIONAL

Cuba alcanza un récord histórico de presos políticos: 1.207 personas encarceladas por disidencia

Un informe denuncia vigilancia masiva, torturas y abandono médico como política de Estado La cifra de 1.207 presos políticos en Cuba, verificada al cierre de enero, marca el nivel más alto jamás registrado desde que existen conteos internacionales sistemáticos. Solo en el primer mes del año, 18 personas fueron encarceladas por motivos políticos, según el último informe de la organización Prisoners Defenders. Detrás de este número hay una política sostenida de represión estatal, que combina vigilancia digital masiva, criminalización judicial de la disidencia —especialmente…

Cuba alcanza un récord histórico de presos políticos: 1.207 personas encarceladas por disidencia
Cuba alcanza un récord histórico de presos políticos: 1.207 personas encarceladas por disidenciaFoto: Archivo FmBolivia

Un informe denuncia vigilancia masiva, torturas y abandono médico como política de Estado

La cifra de 1.207 presos políticos en Cuba, verificada al cierre de enero, marca el nivel más alto jamás registrado desde que existen conteos internacionales sistemáticos. Solo en el primer mes del año, 18 personas fueron encarceladas por motivos políticos, según el último informe de la organización Prisoners Defenders.

Detrás de este número hay una política sostenida de represión estatal, que combina vigilancia digital masiva, criminalización judicial de la disidencia —especialmente de jóvenes— y el uso del abandono médico como forma de castigo. El reporte alerta que la población carcelaria cubana ya equivale a 923 presos por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo.

Una de las prácticas más extendidas es el control de las redes sociales, convertidas en espacios de alto riesgo para quienes protestan o denuncian problemas cotidianos. Un 88% de los casos auditados afirmó haber sido citado, detenido o interrogado por publicaciones o incluso por mensajes privados.

Entre los casos recientes está el de Ankeily de la Caridad Guerra Fis, joven de 23 años arrestado violentamente en La Habana tras transmitir en Facebook críticas al régimen. Vive con VIH, padece epilepsia y problemas de salud mental. Fue detenido sin orden judicial, permanece incomunicado y sin acceso adecuado a medicamentos, acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, sin juicio ni tutela judicial efectiva.

Situaciones similares enfrentan otros jóvenes como Enrique Ramos Bosch, detenido en Santiago de Cuba por denunciar apagones y criticar al presidente Miguel Díaz-Canel. El patrón se repite: arrestos sin orden, desapariciones temporales, interrogatorios y represalias por disidencia digital.

El informe también documenta allanamientos sin orden judicial, incomunicación y violencia contra familiares de opositores. Algunos detenidos fueron trasladados tras días sin contacto y se encuentran en huelga de hambre, con alto riesgo de tortura y confesiones forzadas en las primeras 72 horas.

El costo humano es grave: 463 presos políticos padecen enfermedades serias y 42 presentan trastornos mentales, agravados por hacinamiento, mala alimentación y la negación deliberada de atención médica, descrita como una “herramienta de tortura”.

Casos extremos como el de Onaikel Infante Abreu revelan la brutalidad del sistema: fue golpeado, aislado, víctima de abusos y privado de medicamentos pese a un diagnóstico de cáncer de garganta. Cumple una condena de ocho años por supuestos delitos contra el Estado.

El músico y activista Maykel Osorbo, símbolo de la canción Patria y Vida, sigue preso desde 2021 con una condena de nueve años. El reporte detalla traslados arbitrarios, privación de abrigo y medicamentos, y vigilancia permanente.

También hay adultos mayores en riesgo, como Daniel Alfaro Frías, de 71 años, que denunció haber sido devuelto a su celda sin atención tras una crisis hipertensiva. Otros, como Dixán Gaínza Moré, están postrados sin cuidados.

Del total de presos políticos, 32 fueron detenidos siendo menores de edad, y 128 son mujeres. Hay 219 personas condenadas por “sedición” con penas promedio de diez años. El listado distingue entre “convictos de conciencia”, “condenados de conciencia” y otros presos políticos, reflejando la motivación política de las detenciones.

La muerte bajo custodia de Lázaro García Ríos, tras denuncias por falta de atención médica luego de una cirugía cardíaca, resume el peligro extremo que enfrentan los reclusos políticos en Cuba.

Prisoners Defenders actualiza mensualmente esta lista, que es utilizada por Naciones Unidas, la CIDH y parlamentos europeos. En el último año se sumaron 147 nuevos casos. El informe concluye que Cuba opera como una “isla cárcel”, donde el control social y el miedo avanzan sobre cualquier posibilidad real de defensa jurídica y derechos fundamentales.

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