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NACIONAL

Comité Cívico de Santa Cruz denuncia presunta protección a redes ilegales durante gobiernos del MAS

Detención de Felipe Cáceres reaviva cuestionamientos sobre presuntos vínculos de altos funcionarios con actividades ilícitas El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, señaló que la reciente aprehensión de Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, confirma las denuncias históricas sobre la posible infiltración de actividades ilegales en las estructuras del poder durante los 20 años de gobiernos del MAS. Cochamanidis afirmó que esta detención evidencia que, en ese período, se “convivió con estas redes”, generando…

Comité Cívico de Santa Cruz denuncia presunta protección a redes ilegales durante gobiernos del MAS
Comité Cívico de Santa Cruz denuncia presunta protección a redes ilegales durante gobiernos del MASFoto: Archivo FmBolivia

Detención de Felipe Cáceres reaviva cuestionamientos sobre presuntos vínculos de altos funcionarios con actividades ilícitas

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, señaló que la reciente aprehensión de Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, confirma las denuncias históricas sobre la posible infiltración de actividades ilegales en las estructuras del poder durante los 20 años de gobiernos del MAS.

Cochamanidis afirmó que esta detención evidencia que, en ese período, se “convivió con estas redes”, generando dudas sobre la efectividad de los controles estatales para prevenir operaciones ilícitas dentro de la administración pública.

Desde el MAS, dirigentes calificaron las declaraciones como “políticas y malintencionadas”, resaltando que durante sus gestiones se llevaron a cabo operativos importantes y se fortalecieron los mecanismos de control.

Sectores opositores, por su parte, exigen que las investigaciones se amplíen y profundicen, para determinar si existió protección institucional hacia estas redes.

La Fiscalía anunció que continuará investigando los bienes, contactos y movimientos de Cáceres, mientras organizaciones cívicas y sociales piden que se actúe “hasta las últimas consecuencias”, en un caso que podría influir en la percepción pública sobre la relación entre política y crimen organizado en Bolivia.

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