- Un exhaustivo estudio jurídico-constitucional concluye que el Decreto Supremo Nº 5515, que regula el ejercicio de funciones presidenciales desde el exterior, es plenamente compatible con la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El análisis, elaborado por el abogado Porfirio Machado Gisbert, responde a las dudas planteadas sobre esta norma inédita en la práctica estatal boliviana.
¿Qué analiza el estudio?
El documento, titulado "Análisis Jurídico-Constitucional del Decreto Supremo Nº 5515 'Presidencia a Distancia y Ejercicio de Funciones desde el Exterior'", examina punto por punto la validez de la norma emitida por el Órgano Ejecutivo. El decreto modifica al Decreto Supremo Nº 4857, permitiendo que la Presidenta o el Presidente del Estado pueda ejercer sus atribuciones constitucionales mediante tecnologías de la información y comunicación durante ausencias temporales del territorio nacional, al tiempo que redefine el alcance funcional del Vicepresidente en esos casos.
¿Quién realizó el análisis y con qué enfoque?
El autor del estudio es el abogado constitucionalista Porfirio Machado Gisbert. Él aclara que su evaluación no parte de posiciones políticas, sino de una lectura estrictamente jurídica, basada en la Constitución Política del Estado (CPE), la jurisprudencia del TCP y los estándares internacionales de derechos humanos.
¿Por qué se considera constitucional el decreto?
El análisis fundamenta su conclusión en varios pilares. Primero, establece que el Decreto Supremo es una norma reglamentaria que no crea nuevas atribuciones, solo reglamenta cómo ejercerlas, lo que está dentro de las facultades del Presidente según el artículo 172.8 de la CPE. Segundo, señala que la Constitución, en su artículo 173, autoriza la ausencia temporal del Presidente y no prohíbe el ejercicio de funciones desde el exterior. La ausencia territorial no equivale automáticamente a un impedimento que active la sucesión presidencial completa.
¿Cómo afecta al rol del Vicepresidente?
Este es uno de los puntos más discutidos. El estudio explica que el decreto delimita la suplencia temporal del Vicepresidente, requiriendo que actúe bajo instrucciones específicas y en coordinación con el Ministerio de la Presidencia. El análisis sostiene que esto no vacía sus atribuciones constitucionales de coadyuvar en la dirección del gobierno, sino que las precisa para un contexto específico, evitando interpretaciones expansivas que podrían generar dualidad de mando.
¿Qué dice la jurisprudencia constitucional?
Machado Gisbert cita sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que respaldan la lógica del decreto. La Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0258/2013 reconoce la "continuidad funcional del Estado" como un principio constitucional implícito, que el decreto busca garantizar. Otras sentencias, como la SCP 0012/2018-S2, admiten que los mecanismos organizativos internos del Ejecutivo pueden adecuarse si no alteran el núcleo esencial de la Constitución.
¿Supera los controles de constitucionalidad y convencionalidad?
El análisis responde afirmativamente. En el control material, el decreto no contradice expresamente ningún artículo de la CPE, no altera el régimen de sucesión presidencial y no reforma la Constitución por vía reglamentaria. En el control de convencionalidad, señala que la norma no vulnera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que no afecta derechos políticos ni el principio democrático, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana.
¿Cuáles son las advertencias finales?
Pese a concluir que el decreto es constitucional, el estudio incluye una advertencia importante. El riesgo principal no es jurídico, sino práctico y político, por lo que su aplicación debe observar principios de transparencia, contar con un registro verificable de los actos emitidos a distancia y estar sujeta al control político posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La conclusión final es clara: desde una perspectiva estrictamente jurídica, el Decreto Supremo Nº 5515 es viable y constitucional.




