De acuerdo con la autoridad, la inspección se realizó de oficio y derivó en una denuncia ante el Ministerio Público por minería ilegal. Sanabria señaló que el área minera no ha pagado patente desde hace más de una década y que ha estado operando de manera informal e ilegal. El derecho minero fue otorgado el 15 de noviembre de 2005, durante la gestión del MAS, al empresario unipersonal José Luis Eulogio Mir Franco.
El caso surgió tras la denuncia de la asambleísta departamental Claudia Martínez, quien alertó sobre una presunta contaminación de la represa de Misicuni por actividades mineras en el río Cerqueta, uno de sus afluentes. La legisladora también denunció que ella y su equipo fueron amedrentados cuando intentaron fiscalizar la zona y pidió un sobrevuelo militar y una comisión interinstitucional para verificar los hechos.
Sanabria indicó que el proceso de reversión por falta de adecuación podría concluir en un plazo de hasta una semana y que se emitió una resolución administrativa para suspender las actividades. Asimismo, anunció que coordinará con el Ministerio Público y la Policía una intervención para decomisar o destruir la maquinaria utilizada y establecer responsabilidades.
El director de la AJAM también cuestionó que el área se encuentre dentro del Parque Nacional Tunari, declarado área protegida, y que durante más de 20 años se haya permitido la actividad minera en el lugar. Sobre el impacto ambiental, sostuvo que la responsabilidad de fiscalizar y suspender actividades por contaminación corresponde a la Secretaría Departamental de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, y cuestionó que las autoridades ambientales de anteriores gestiones no hubieran intervenido pese a que el caso era conocido desde 2023.
