Luis Sánchez: redistribución de ingresos llegó a 82% para el Estado y 18% para las empresas
El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, indicó el sábado que con la Ley hidrocarburífera de 2005, la redistribución de ingresos llegó al 82% para el Estado y 18% para las empresas.
«Con la Ley de Hidrocarburos de 2005 la redistribución de ingresos llegó al 50 por ciento, y solo con la Nacionalización se recupera la propiedad de los hidrocarburos y se cambia la redistribución de los ingresos de 82 por ciento para el Estado y 18 por ciento, para las empresas petroleras», indicó.
Sánchez explicó que el momento exacto donde se operativiza la Ley de Hidrocarburos y se mejoran las condiciones económicas en favor de los bolivianos, es en el momento de la firma de los Contratos de Servicios Petroleros, donde no se aplica el 50% de ganancias para el Estado y el otro 50% para las empresas socias del proyecto; si no que el porcentaje de ganancia del negocio para el Estado sube al 82%, quedando solo el 18% para las empresas.
«Los recursos son de los bolivianos, entonces el mayor porcentaje se debía quedar en Bolivia. Las condiciones fueron tomadas con soberanía y las empresas las aceptaron», manifestó.
Recordó que en el periodo de la nacionalización (2006-2018), Bolivia recibió ingresos por la comercialización de hidrocarburos de más de 55.000 millones de dólares, de los cuales 37.479 millones, es la renta petrolera, lo cual fue posible gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, que revirtió la realidad pasada.
«En este periodo, el Estado tuvo ganancias del 82,5 por ciento y solo 17,5 por ciento era para las empresas», añadió.
Agregó que en 13 años de gestión neoliberal (1993-2005) la ganancia fue de 3.200 millones de dólares, mientras que en estos últimos 13 años (2006-2018) fue de más de 37.400 millones, lo permitió una economía líder de crecimiento en la región.
La autoridad refirió que la correcta evaluación de la situación actual del sector hidrocarburos es el análisis integral de los 13 últimos años de gobierno cuyo punto de partida es la Nacionalización de los Hidrocarburos, que es la acción que operativiza la Ley de Hidrocarburos, que, si bien fue promulgada antes del gobierno del presidente Evo Morales, es a partir de mayo del 2006 que es aplicada y se cambia el modelo de redistribución de los ingresos petroleros.
Con relación a dos de los componentes que son parte de la Renta Petrolera, Regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos, Sánchez explicó que alcanzaron los 16.900 millones de dólares, de la Renta Petrolera global, monto que fueron redistribuidos entre los departamentos productores (Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz) y no productores del país.
La autoridad, explicó que en cualquier proyecto hidrocarburífero, las empresas petroleras que prestan servicios realizan dos tipos de inversiones: Capex y Opex, ambas conforman los Costos Recuperables.
Capex son aquellas que tienen la cualidad de ser capitalizables; cualquier inversión que sea capitalizable se la considera Capex; este tipo de inversiones se realizan en activos que pasan a ser propiedad del Estado como las instalaciones en superficie (planta, ductos, etc), mientas que las inversiones que implican gastos operativos como sueldos, insumos requeridos que no se van a recuperar, son consideradas inversiones Opex.
En este sentido, el ministro dijo que, por concepto de Costos Recuperables, YPFB pagó a las empresas petroleras que prestaron servicios en el país alrededor de 10.000 millones de dólares.
Al respecto, el ministro consideró importante aclarar que el pago de los costos recuperables los paga YPFB a las empresas petroleras cuando existe la Declaratoria de Comercialidad de un campo hidrocarburífero, involucra toda una normativa, procedimientos y condiciones que se deben cumplir, por ejemplo: los volúmenes encontrados deben tener un mercado definido, debe existir infraestructura en torno al pozo y su producción, es decir, ductos, una planta de procesamiento, instalaciones de superficie, entre otros.
El ministro enfatizó en que los costos recuperables no son recursos económicos que se llevan las empresas, «se trata de la amortización a los gastos que ha hecho la empresa en activos. Todos los pozos e infraestructuras en las que han invertido las empresas petroleras en proyectos en el país, pertenecen a los bolivianos. Los pozos se amortizan en 5 años, los ductos en 10 años y las plantas en 8 años, a partir de este tiempo son de propiedad entera de los bolivianos. Así trabajamos en el sector».
Red central-cta/ ABI