Chulumani, 17 de noviembre (FmBolivia).- Las declaraciones de la concejal Lorenza Mamani abrieron cuestionamientos sobre la fiscalización del accidente de la camioneta Toyota Hilux, placa 4994-FRR, ocurrido el 11 de septiembre en Pongo. Durante una entrevista con FmBolivia, la autoridad exigió una denuncia escrita, aunque reconoció que el Concejo Municipal ya había solicitado informes sobre el caso.
“Nosotros no tenemos denuncia, usted sí tiene, entonces preséntelos aquí al Concejo”, manifestó Mamani, quien aseguró que no puede basarse en publicaciones de medios de comunicación o redes sociales.
Sin embargo, el artículo 283 de la Constitución Política del Estado y el artículo 16, numeral 15, de la Ley 482 establecen que la fiscalización es una atribución del Concejo Municipal, sin exigir previamente una denuncia ciudadana para ejercerla.
El accidente fue registrado por Tránsito bajo el caso 1703/2026. Pese a ello, Mamani sostuvo que desconoce el hecho y continuó calificándolo como supuesto.
“No soy investigadora, le aclaro. Yo soy concejal”, respondió cuando fue consultada sobre sus actuaciones. Aunque investigar delitos corresponde a otras instancias, los concejales tienen atribuciones de control sobre la administración y los bienes municipales.
La autoridad reconoció que en septiembre se solicitaron informes al alcalde Hernán Justo Zenteno y a Tránsito. Mencionó un plazo de 15 días y posibles reiteraciones, pero no precisó fechas ni presentó durante la entrevista los documentos de seguimiento.
La falta de fiscalización también puede generar responsabilidades legales si se demuestra una omisión contraria a los deberes del cargo. Los artículos 28 y 29 de la Ley 1178 contemplan responsabilidades por acciones u omisiones de servidores públicos. Asimismo, el artículo 154 del Código Penal, modificado por la Ley 1390, sanciona determinados incumplimientos ilegales e injustificados de deberes cuando producen los resultados previstos por la norma. La ausencia de respuestas, por sí sola, no constituye delito.
Mamani también acusó a FmBolivia de desprestigiar instituciones y desinformar, pero no identificó una publicación falsa cuando el periodista le solicitó precisiones.
La interrogante permanece: si el Concejo conocía el caso desde septiembre, ¿qué medidas concretas adoptó para esclarecer lo ocurrido con un vehículo del patrimonio municipal?




