IBCE ve intencionalidad política en «ropavejeros» y dice que tuvieron 10 años para su reconversión productiva

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, dijo el miércoles que la movilización de los «ropavejeros» tiene una «intencionalidad política» y aseguró que ese sector tuvo 10 años para consolidar su reconversión productiva, por lo que rechazó «legalizar» ese rubro.

«Si esta gente fuera consciente tendría que pensar que ya tuvo más de 10 años de oportunidad para su reconversión, no procede su pedido, creemos que hay una intencionalidad política como lo ha dicho la ministra (Nélida Sifuentes) y por supuesto respaldamos desde el IBCE el hecho de que el Gobierno no se siente a conversar con gente que está ligada al contrabando», dijo en entrevista con la ABI.

Rodríguez recordó que, según un estudio que realizó esa institución privada, Bolivia pierde al menos 40 millones de dólares por el ingreso ilegal y comercialización de la ropa usada, cifra que se habría «duplicado» en los últimos años.

«En 2005 hicimos un estudio que titulamos impacto de la importación de la ropa usada en Bolivia, se había cuantificado el contrabando de 8.000 toneladas con un impacto negativo de 40 millones de dólares de perdida y obviamente afectando a miles de empleos en el país», señaló.

Manifestó que los vendedores de ropa usada comercializan prendas de contrabando, y señaló que el Gobierno en 2009 aprobó dos decretos supremos, uno que prohíbe la importación de esa prendería y otro que impide su comercialización que debe ser controlada por gobiernos departamentales y municipales.

«De ahí en adelante a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se desarrollaron programas de reconversión a favor de los que vendían esta mercadería, se consiguieron créditos y no puede ser que después de 10 años ese stock que ellos decían que tenían allá por el año 2009 continúe, claramente la ropa usada y los calzados usados que se están vendiendo en el país son de contrabando», cuestionó.

Afirmó que legalizar la ropa usada significaría «matar la producción nacional», además dijo que atenta contra la salud porque esa mercadería se rescata de hospitales o de personas muertas y puede generar alergias o enfermedades, ya que no es fumigada antes de ingresar al país, como se hacía cuando su importación era legal.

Cientos de vendedores de ropa usada tomaron las calles de la ciudad de La Paz desde la pasada semana en busca de legalizar su actividad y dialogar con el Gobierno; sin embargo, la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, descartó dar curso a ese pedido porque aseguró que la prioridad es la defensa de la industria nacional.

asc/ma ABI

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