Heridas de la emboscada en Playa Verde dejan a mineros sin trabajo ni esperanza
La emboscada de Playa Verde, el 10 de noviembre de 2019, dejó seis mineros heridos: cinco por bala y uno por dinamita. Casi todos han dejado de trabajar y aunque recibieron con agrado el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), han perdido la esperanza de conseguir justicia, ya que consideran que después de los hechos luctuosos “nada en el país ha cambiado”.
“Jamás pensé vivir esto; no tengo trabajo y a momentos me siento una carga. No hay cambios, el MAS ha vuelto y no sabemos qué va a ser de nosotros. Para las víctimas, no hay justicia”, lamenta Franz Soraide, uno de los heridos de bala.
“No sabemos qué es lo que nos espera si no hay justicia para nosotros, qué nos a va a pasar después”, cuestiona Javier Gutiérrez, otra de las víctimas.
Para el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel Huallpa, la vía para lograr justicia está en el ámbito internacional, por lo que los cívicos apuntan a nuevas medidas legales. “Estamos trabajando en ese proceso. Tenemos que buscar justicia y no la vamos a encontrar en Bolivia, porque los operadores están parcializados, contaminados con la política. No podemos creer en ellos”, indica.
La segunda caravana emboscada en 2019 estaba conformada por más de 70 buses y alrededor de un millar y medio de mineros cooperativistas, que viajaron desde Potosí para reforzar las protestas contra el gobierno de Evo Morales en La Paz. Partieron la tarde del 9 de noviembre, luego de enterarse del ataque en Vila Vila a la Caravana del Sur.
El informe del GIEI señala que aunque ningún minero perdió la vida durante la emboscada, se identificó a cinco heridos por armas de fuego. “Todos varones jóvenes, mineros, y con pérdidas severas en su capacidad laboral”, establece el documento e insta al Estado a garantizar que estos hechos no queden impunes.
Las víctimas por armas de fuego son: Darío Willian Cuiza Navarro, Mijael Medina Uvaldez, Javier Gutiérrez Fuertes, Franz Álvaro Soraide Viscarra y Rafael Moscoso. A ellos se suma Ramiro Ugarte, quien perdió la mano por una explosión de dinamita lanzada por los agresores.
“No puedo olvidar la sangre de aquel compañero en mis manos”
Juan Carlos Vega fue minero y también gastrónomo. Fue parte de la caravana de mineros que partió a La Paz en 2019 y después nada fue igual. Recibía amenazas constantes y tuvo que cerrar el restaurante que tenía y cambiar de domicilio. Hoy trabaja como delivery y vive mirando constantemente sobre su hombro.
Durante la emboscada, junto con un grupo de 20 personas, se acercó hacia el cerro de donde aparentemente venían los disparos para ver quiénes eran los agresores. Fue donde vio caer a uno de sus compañeros.
“Fui parte de los anteriores paros porque soy un activista y luchador, pero no había visto algo igual. Aún escucho el silbido de las balas y veo la sangre en mis manos al levantar al compañero que se desplomó a mi lado… ese olor a sangre, a pólvora”, relata. “Él pedía que vaya por ayuda y yo corrí en busca de los paramédicos. Al volver no podía encontrarlo, se perdió entre la paja, sólo le escuchaba gritar auxilio”.
Vega está seguro de que quienes dispararon eran francotiradores, porque los tiros provenían desde un cerro lejano a la carretera y tenían una gran precisión. Fue un alivio no haber sido herido, pero el daño y las amenazas no desaparecen.
“Potosí se levantó y esa gente no era pagada”, afirma hoy.
“Nos dispararon a matar, sin pena”
Javier Gutiérrez es minero cooperativista. Las mañanas frías levantan en su hombro derecho un dolor que nace en la clavícula; uno al que no se acostumbra, que no sólo es físico, que se convierte en pena.
De rato en rato, sus dedos buscan sobre su camisa una cicatriz , como si necesitara comprobar que lo vivido hace casi dos años no fue sólo una pesadilla.
“Los mineros tardamos en levantarnos porque los dirigentes estaban alineados al Gobierno. Pero estábamos molestos y sólo faltaba una chispa para explotar. Eso fue la emboscada de Vila Vila, ese ataque a nuestros jóvenes. Ellos partieron porque nosotros no podíamos. Mi hija me decía: ‘Yo iré a La Paz papá’”, recuerda Gutiérrez.
De un momento a otro él se había subido a un bus, como un millar de mineros. A la altura de Challapata empezaron a notar bloqueos. En tramos, escoltaban los buses a trote pero al llegar a Playa Verde llovieron las piedras y, camufladas entre ellas, las balas.
“Es triste que bolivianos nos hayan disparado a matar. Los manifestantes eran un cortina, había francotiradores en los cerros. La bala me llegó directo”.
Sus denuncias ante la Fiscalía de Oruro no avanzaron. Contrataron abogados pero con el caso en otro departamento poco podíamos hacer. “El informe del GIEI está bien, pero el Gobierno sólo habla de Senkata y Sacaba y nosotros no existimos. Para mí, como afectado, es algo indignante”, reclama.
Entre tanta pena, hay algo que le saca una sonrisa. Sus dedos dejan de buscar su herida y se agitan imitando la despedida que la población les hizo antes de partir de Potosí, con bendición y oraciones. “Todas las familias éramos una”.
“Ya no puedo trabajar en la mina”
“Soy minero, pero ya no puedo volver a interior mina. Encima me ha dado covid. Mis pulmones no están bien, yo no estoy bien… tenía planes”, afirma Franz Soraide, víctima de Playa Verde.
Tiene 27 años. Como gran parte de sus familiares se dedicaba a arrancar minerales a la montaña. De ella vivían él, su esposa y sus dos hijos. Hace 21 meses que no ha vuelto a trabajar debido a los daños que le causó una bala.
El informe médico dice que el proyectil ingresó por la parte posterior de la axila izquierda, tocó el pulmón y se alojó a la derecha del cuello. La trayectoria advierte que le dispararon por la espalda.
“Quise volver a trabajar, pero ya no puedo respirar bien. Me sofoco. Y para entrar a la mina necesitas tener los pulmones sanos”.
Él era parte de la Cooperativa 9 de Abril, la que estaba en la delantera de la caravana. “Detuvimos las flotas para negociar el paso, pero de repente se escucharon las balas. Yo estaba con un compañero y cuando retrocedíamos sentí un dolor en el cuello, le pedí que me revise pero no había nada. Sentí otro más en el costado y le pedí que vuelva mirar, ahí encontró la herida”, relata.
Franz fue auxiliado en una ambulancia pero aún allí dentro escuchaba los disparos. Lo último que recuerda es que llegó a Oruro y pidió a los médicos que lo salven. Despertó cuatro días después, en una unidad de terapia intensiva. Su vida había cambiado.
En esos cuatro días fue Soraya Viscarra, su madre, quien logró realizar las primeras denuncias. Llegar de Potosí a Oruro no le fue fácil. Le costó horas de viaje por caminos de herradura para esquivar los bloqueos.
Formalizó la denuncia en contra de cinco personas detenidas. Una de ellas portaba 17 proyectiles que coincidían con el que extrajeron de Franz.
Aunque se hallaron pruebas, el caso fue cerrado y los detenidos, sobreseídos. Incluido el que portaba las municiones y que hoy es concejal de Oruro por el MAS.
Soraya guarda toda la documentación para dar a conocer lo que pasó con su hijo, para ver si en algún momento los necesita y logra conseguir la anhelada justicia, ésa que debería ser para todos. “Para el Gobierno actual, pareciera que nosotros no existimos.
Sólo habla de sus víctimas, y todos merecemos justicia. Pero es azul y no es para nosotros”, dice Soraya.
Franz aún va al hospital porque no se recuperó por completo. Parte de su rostro perdió la sensibilidad y el movimiento. Ya no puede ser minero y ha pensado en retomar su formación y estudiar psicología. Sostiene que su protesta tenía un fin justo y que está dispuesto a buscar justicia en otros espacios si es necesario.
Una lucha que se arrastra de hace años
Benigno Castillo es un periodista reconocido en Potosí, fue dirigente del gremio y es un acérrimo defensor de la libertad de prensa. Para él, como para el resto de los potosinos, las emboscadas de Vila Vila y Playa Verde no fueron sólo resultado de la crisis electoral, sino de un conflicto de la región con el Gobierno, que se arrastra desde hace años.
Los antecedentes datan de 2010, con el histórico paro de los 19 días que marcó la ruptura de Potosí con Evo Morales y que tenía seis demandas que hasta hoy no son respondidas. La protesta denunciaba ante el país la postergación en la que vivía el departamento; y se repitió en un paro de 27 días en 2015 y otro de 30, en 2019.
“Fui parte de aquella primera movilización. Tuvimos detenciones y también hubo una emboscada”, relata Castillo.
En aquella ocasión, bloqueos y piquetes de huelga pedían a Morales diálogo. Exigían que sea realizado en Potosí, pero el entonces mandatario se negó, como también rechazó enviar una comisión ministerial. Tras varios acercamientos, se acordó una reunión en Sucre.
Entonces, una caravana de cívicos, dirigentes, autoridades, mineros y campesinos partieron al encuentro; sin embargo, los representantes del Gobierno no llegaron. Cansados e indignados, los potosinos decidieron emprender el retorno para radicalizar sus medidas.
“Ya había las amenazas y cuando una parte volvía fuimos interceptados por unos 1.000 campesinos afines al MAS. Tenían palos y dinamita. Intentaron emboscarnos y tuvimos que retornar a Sucre”, cuenta.
“El informe no tocó todos los hechos”
“Hemos participado en la presentación del informe del GIEI. Lamentablemente hay hechos que no se tomaron en cuenta y que ocurrieron dentro del período de investigación (1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019)”, señala el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel Huallpa.
Habla desde su oficina a unas cuadras de la plaza principal de Potosí y donde en las ultimas semanas los cívicos analizan qué acciones tomar para tener justicia. Indica que antes de los conflictos hubo varios hechos que ocurrieron en este departamento y que no están siendo registrados.
“Por ejemplo, en octubre el departamento estaba paralizado por un paro (en defensa del litio) y hubo atentados contra Comcipo. Nuestra movilidad fue apedreada, prácticamente fue destrozada por gente del MAS que nos interceptó por el sector de Kantumarca.
Había heridos, incluso una persona que trataba de huir de la turba fue aplastada entredos movilidades”, dice.
Otro de los momentos tiene que ver con el cierre de campaña de Evo Morales, que, sabiendo que la población se encontraba movilizada, llegó a la región. Sus militantes intentaron levantar los bloqueos por la fuerza apedreando a todo el que estaba en el lugar.
“Eso no está en el informe. Pero además el Gobierno está viendo sólo Senkata, Sacaba… y ¿que hay de Potosí? Fuimos hasta emboscados cuando nos dirigíamos a La Paz. En ese camino hasta intentamos negociar, porque el problema no era entre nosotros, pero nos apedrearon”, sostiene.
Pagina Siete.