Gobierno descarta resarcir a Delgado y a Maldonado
El procurador Pablo Menacho descartó ayer que el Estado vaya a resarcir económicamente a Rebeca Delgado y a Eduardo Maldonado por la vulneración de sus derechos políticos, por no ser de carácter vinculante el dictamen del Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU que les favorece.
“Hemos cumplido ese dictamen (en la parte legislativa, pero no económico), que no tiene carácter de sentencia, como sí lo tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen un carácter eminentemente recomendatorio, recomiendan al Estado llevar adelante acciones específicas”, manifestó Menacho.
En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno, un “Reglamento” inconstitucional para la convocatoria de las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.
Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados (como Delgado) y senadores (como Maldonado), con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieran participar.
En mayo de 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos.
Además, esa instancia señala que en el futuro “no se puede repetir un hecho como el sucedido” con Rebeca Delgado, a quien se le impidió ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba en 2015.
Bolivia “tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto”, se lee en la resolución.
Al respecto, Menacho indicó que esas acciones específicas en términos de modificaciones legislativas, para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir, fueron tomadas en cuenta.
“Ya han sido llevadas adelante y la Procuraduría así lo ha informado al Comité de Derechos Humanos; en ese sentido, creemos que ese aspecto del dictamen emitido por el comité está plenamente cumplido”, remarcó.
Pero con relación al pedido de resarcimiento económico -el comité de la ONU no establece monto-, la autoridad señaló: “Pueden llevar adelante las acciones que consideren pertinentes para el efecto; para nosotros, desde el punto de vista estrictamente legal, los dictámenes del comité son de carácter recomendatorio”.
Pagina Siete.