Giro en Caso Terrorismo prevé denuncias contra Evo Morales y otros

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El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, manifestó ayer que el caso Terrorismo debe volver a fojas cero y reiniciar el proceso con nuevos denunciados como Evo Morales, Álvaro García, el exfiscal Marcelo Sosa, el exministro de Gobierno Alfredo Rada y otros.

El lunes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró la acusación particular del gobierno, medida que se sumó a la renuncia de dos jueces ciudadanas; pese a ello, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, Sixto Fernández, anunció en audiencia, que el juicio continuará con dos jueces técnicos.

En ese marco, Coímbra a tiempo de aclarar que el proceso debe volver hasta la primera diligencia, aseguró que las personas que hayan participado en contra del Estado, tienen que asumir responsabilidad.

“Quedar en fojas cero no significa cerrar el proceso sino que se lo puede reiniciar, por ejemplo, debe estar incluido el exfiscal Marcelo Sosa, Evo Morales, Álvaro García, incluso creo que hay indicios sobre su hermano Raúl, el exministro de Gobierno Alfredo Rada. Todas estas personas tienen que presentarse ante la justicia y decirnos por qué se hizo esta intervención al Hotel Las Américas y demostrar si había indicios de terrorismo, tomando en cuenta que el señor Eduardo Rózsa, era un hombre de izquierda. También tienen que entrar aquellos que hayan armado el caso, que hayan plantado armas, aquellos que hayan ordenado matar gente solamente con la idea de mantenerse en el poder”, apuntó.

Recordemos que la madrugada del 16 de abril de 2009, un operativo policial entró al Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo con la Policía, los funcionarios acudieron tras recibir reportes de que cinco extranjeros, que ocupaban dos habitaciones, portaban armas. Según algunos reportes, la operación fue ejecutada sin el permiso de un juez, lo que violaría el código penal boliviano.

En ese marco, la autoridad de justicia refirió que debe quedar claro quién alertó respecto al supuesto grupo terrorista, por qué no estaban fiscales en el operativo, y otros detalles que a la fecha no están muy claros.

Asimismo, manifestó que Evo Morales, debe aclarar quién le alertó de la presencia del grupo terrorista ya que anunció al llegar a Venezuela, el 16 de abril de 2009, que la Policía había desmontado una trama de la derecha para asesinarlo junto con el vicepresidente.​ De acuerdo con Morales, este supuesto grupo también era responsable de un atentado ejecutado contra la casa del Cardenal Julio Terrazas, dos días antes, empero, el administrador del hotel lo contradijo, ya que aseguró que los hombres estuvieron en sus habitaciones cuando se realizó el atentado contra Terrazas.

“Evo Morales debe explicar por qué desde Venezuela dice que dio la orden de la ejecución de estas personas, por qué él tenía indicios del caso terrorismo, él lo anunció, entonces debe explicar quién le dio esa información, cuáles son los informes de Inteligencia, cuál fue el plan de acción de la Policía para intervenir este hotel, por qué no estuvieron presentes los fiscales, o sea hay muchas cosas que debe aclarar”, apuntó.

En ese contexto dijo que la justicia tiene la obligación de decirle al país lo que pasó. “Hay culpables que son los que planificaron ideológica y materialmente”, aseguró.

FISCALÍA

Para las 9.30 horas de ayer estaba programada una nueva audiencia, empero se postergó para el 3 de febrero, por ausencia de uno de los jueces y a petición de los fiscales.

El fiscal del caso, Marco Rodríguez, informó que en la próxima audiencia, el Ministerio Público tendrá una posición respecto al retiro o no de la acusación.

“El retiro de acusación significa procesalmente que va a tener un efecto dentro del proceso y se llama sentencia absolutoria, se va a pronunciar seguramente por el Tribunal una sentencia absolutoria, pero eso está todavía a verificarse en la próxima audiencia”, aclaró.

En ese marco, Rodríguez refirió que para mañana, jueves, la Fiscalía General convocó a una reunión para analizar este caso y definir si retiran o no la acusación contra los sindicados.

Al respecto, uno de los procesados, Zvonko Matkovic, dijo que esperan que el Ministerio Público retire la acusación porque no hay argumentos suficientes para sustentar este caso.

Por otro lado, el presidente del colegio de abogados de Santa Cruz, Julio Eguez, dio un plazo de 48 horas a la Fiscalía General del Estado, para retirar la acusación del caso Terrorismo, caso contrario iniciarán un proceso por varios delitos, entre ellos incumplimiento de deberes y acusación indebida que sirvió para extorsionar y destruir familias cruceñas.

CORRUPCIÓN

Los jueces del caso, Sixto Fernández y Elena Gemio, declararon ayer ante la Fiscalía, en calidad de testigos, en el marco de las investigaciones que se siguen por la denuncia de presunta corrupción que presentó Gary Prado y otros abogados contra exministros del gobierno de Evo Morales.

“En cumplimiento de la ley hemos declarado todo cuanto sabemos, todo cuanto ha sucedido y lo que es la verdad”, dijo Fernández al concluir su declaración.

“He declarado todo lo que se ha realizado, cómo se ha sustanciado el juicio, cómo se ha iniciado, toda esa situación”, refirió la juez Gemio.

El 6 de enero de 2020, los abogados Gary Prado y Otto Ritter presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz contra los exministros Hugo Moldiz, Carlos Romero y Jorge Pérez, entre otros, por presuntos hechos de malversación de fondos, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y asociación delictuosa en el caso de presunto Terrorismo.

DATOS

El 7 de enero, la jueza ciudadana, Sonia Mamani, presentó su renuncia al cargo y reveló que el gobierno de Evo Morales, de manera ilegal, pagó pasajes y viáticos a las autoridades judiciales del Tribunal para direccionar el juicio contra los implicados del caso.

Dos abogados apuntan a los exministros Hugo Moldiz, Jorge Pérez, Carlos Romero y a tres exviceministros como los autores de vulnerar la independencia judicial.

La Jueza relató que todos los viáticos y otros gastos que recibían eran cubiertos por el Ministerio de Gobierno, cuando lo correcto era que el Consejo de la Magistratura los cubra.

Denunció que fue obligada a asumir el cargo y cuando pretendía renunciar por problemas familiares y económicos, tanto el juez Fernández como el abogado Filemón Escobar (jefe jurídico del Ministerio de Gobierno de la gestión anterior) la intimidaban y amenazaban para seguir con el juicio.

La jueza dijo que no se llevó un juicio “imparcial”, ni se aplicó de manera independiente la justicia, sino que se constituyó un Tribunal para condenar a los sindicados del caso Terrorismo, “sean o no culpables”.

El Diario.

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