Fiscalía convoca a declarar a Revilla para el 20 de agosto por el caso «Yo soy mi primer amor»

La fiscal anticorrupción Edna Montoya convocó al alcalde de La Paz, Luis Revilla, para que declare en calidad de sindicado por el caso «Yo soy mi primer amor», el martes 20 de agosto, a las 15.00 en la Fiscalía Departamental de La Paz.

Revilla fue notificado el jueves 15 de agosto a las 18.17, mediante un cedulón pegado en la puerta de su vivienda, ubicada en la urbanización Huacollo de la zona de Achumani.

El Alcalde paceño fue denunciado por las diputadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Valeria Silva, Betty Yañíquez y Sonia Brito, por presuntamente incurrir en el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos en favor del programa privado «Yo soy mi primer amor», que dirige su esposa Maricruz Ribera.

El munícipe fue sindicado de beneficiar al proyecto de su pareja mediante la asignación de personal de la Alcaldía, el cual incluso se ausentó de sus fuentes laborales para viajar a varias regiones del país para ese proyecto privado.

Las denunciantes entregaron una lista de, al menos, 10 funcionarios ediles que habrían cometido esas irregularidades y que se beneficiaron con la liberación del marcado de asistencia.

Las diputadas adjuntaron, además, proformas para la fabricación de inflables y otros elementos, destinados a «Yo soy mi primer amor», los cuales fueron tramitados y recibidos por esos funcionarios municipales.

Para Revilla ésta y otras demandas penales en su contra, como con el caso Alpacoma, son parte de «un proceso de desestabilización» contra su gestión, por lo que acusó al partido de Gobierno de promover estas demandas.

«Nosotros tenemos la conciencia tranquila, sabemos de nuestras responsabilidades, de nuestros actos y en todo caso no tenemos nada que temer, vamos a acudir como hemos hecho siempre al llamado de la justicia y esperaremos que se actúe de acuerdo a lo que mandan las leyes y no de acuerdo a las instrucciones políticas», manifestó en un acto desarrollado en la Casa de la Mascota, en la zona de San Antonio.

La Fiscalía tiene previsto interrogar a más de 30 personas, entre ellas 15 funcionarios municipales, de los cuales diez estarían implicados en este hecho.

Además, entregó requerimientos a 10 industrias y prestadoras de servicios, además a dos organizaciones no gubernamentales como parte de las investigaciones de este caso.

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