Finanzas “infladas” de Concretec obligan a ajustar presupuestos
Una auditoría reveló que las finanzas de Issa Concretec, empresa subsidiaria de Fancesa, fueron “infladas” durante las gestiones 2014-2015 y 2016-2017, lo que obligó a los socios de la empresa cementera -Gobernación, Alcaldía y Universidad de Chuquisaca- a reformular los dividendos que tenían presupuestados.
“El equipo gerencial de Issa Concretec adulteró los resultados de dos gestiones y en vez de reportar los resultados reales, reportó una utilidad de 42 millones de bolivianos en 2015, y 43 millones en 2016”, explicó a Página Siete el presidente de directorio de Fancesa, Armin Cortez.
En 2015, Issa Concretec declaró utilidades por 42 millones de bolivianos, cuando, en realidad, sólo habría ganado 650 mil bolivianos; mientras que en 2016 se declararon 43 millones de bolivianos como utilidades, cuando éstas sólo alcanzaron 1,5 millones de la moneda nacional.
De acuerdo con el titular del directorio, esto obligó a reformular el monto de los dividendos que debían entregarse a los socios de la empresa: La Universidad San Francisco Xavier, la Gobernación de Chuquisaca y el Gobierno Municipal de Sucre.
“La alteración de los estados financieros de la subsidiaria motivó a que el directorio determine la distribución de sus utilidades entre los socios, pero resulta que como esos datos eran adulterados, ahora lo que nos queda es hacer un ajuste contable para restituir a la realidad de ese momento, porque no puede haber una distribución de utilidades ficticias”, agregó Cortez.
Por su parte, el rector de la Universidad San Francisco Xavier, Sergio Padilla, manifestó que en total se entregó a los socios 132 millones de bolivianos, es decir, 44 millones para cada uno, una suma de dinero que deberá ser devuelta a la empresa.
“Fancesa se encuentra en un grave problema porque ha entregado 132 millones de bolivianos por dividendos que no existían a las copropietarias y ahora éstas se encuentran en un dilema: la devolución de los recursos o que se tome otra decisión en la máxima instancia de la Junta General de Accionistas”, expresó.
De acuerdo con Padilla, el “maquillaje” de las finanzas de la subsidiaria de Fancesa se justificó con la construcción de viviendas prefabricadas en el departamento de Santa Cruz.
“El maquillaje contable se dio por la venta de 531 casas prefabricadas que ha implicado el registro de un ingreso que nunca existió, esta sobrevaloración generó un estado financiero que nunca existió. Esta condición ha convertido a Issa Concretec de deficitaria a una empresa con beneficios”, sostuvo Padilla.
Procesos y responsables
Cortez señaló que gracias a las auditorías especiales se pudo determinar responsabilidad en al menos ocho personas, a las cuales se les sigue procesos penales por falsedad material, uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y asociación delictuosa, además de procesos civiles, con el objetivo de que los responsables puedan resarcir el daño causado a la empresa.
Asimismo, el rector de la universidad señaló que denunciará a la firma auditora que revisó los estados financieros de la subsidiaria durante los periodos observados, ya que consideran que su proceder fue negligente al no detectar el “maquillaje”.
“El actuar de la firma auditora nos parece completamente irregular y, por lo menos, negligente, por lo cual vamos a denunciarla frente a las instancias correspondientes”, manifestó el rector.
“Maquillaje” causó daño económico a Fancesa
El presidente del directorio de Fancesa, Armin Cortez, indicó que el “maquillaje” de las finanzas de Issa Concretec generó daño económico a Fancesa, ya que al inflarse las utilidades, la empresa tuvo que incurrir en el pago de mayores impuestos, y pago de bonos y primas a sus trabajadores por los resultados alcanzados en dos gestiones.
“Con la modificación de los estados financieros se nos ha generado un daño económico, porque al reportar ese nivel de ingresos se tuvo que pagar impuestos por esas utilidades, se han pagado bonos y primas por producción a la parte laboral como lo demanda el Código Laboral cuando existen excedentes no programados y extraordinarios como los que se reportaron”.
Cortez agregó que la cifra total de la pérdida está en proceso de cuantificación, así como los procedimientos para recuperar parte de lo entregado al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), pero que los responsables deberán responder por aquellos recursos erogados que no puedan ser recuperados en la causa.
“Los funcionarios que incurrieron en delitos deberán responder por estos gastos como manda la ley”, apuntó Cortez.
Pagina Siete