Defensoría denuncia cobros irregulares para adopciones

La Defensoría del Pueblo denunció que el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz cobra entre Bs 250 y 350 a los solicitantes de adopción de menores, lo que sería irregular y pidió que la Fiscalía investigue.

El Sedeges, mediante un comunicado de prensa, rechazó las acusaciones de la Defensoría y precisó que se tratan de aranceles para estudios biopsicosociales autorizados por una ley.

“La Defensoría del Pueblo, con asistencia técnica de Unicef, en el marco de una investigación se ha detectado que el Sedeges La Paz realiza cobros indebidos a los solicitantes de adopción en montos de 250 bolivianos, si son personas solas y 350 bolivianos si se trata de parejas”, denunció la defensora Nadia Cruz.

Según explicó, el estudio detectó una vulneración del principio de gratuidad establecido en el artículo 10 de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente.

Cruz informó que enviarán los resultados a la Fiscalía para que realice una investigación porque se sospecha de actos irregulares de funcionarios de Sedeges y del Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos).

No obstante, el Sedeges en un comunicado indicó que “los ‘cobros indebidos’ en los procesos por adopción, a los que alude la Defensoría del Pueblo, no son tales. La ley departamental de La Paz 086 vigente desde el 18 de mayo de 2015, establece una escala de aranceles para estudios biopsicosociales de adultos y curso de padres y/o madres adoptivos, proceso previo al juicio mismo por adopción. Por tanto no existe tal cobro indebido”, señala el Sedeges

Asimismo indica que esa institución dependiente de la gobernación paceña “cumple estrictamente el artículo 10 de la ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente vigente desde el 17 de julio de 2014 que refiere que los procesos judiciales o procesos administrativos en los cuales se encuentran involucrados niñas, niños o adolescentes serán de carácter gratuito para éstos”.

La investigación defensorial también evidenció, según la ANF, el uso desmedido del acogimiento institucional, que se refleja en una cantidad significativa de niñas, niños y adolescentes en centros de acogida, incluso por un tiempo superior a los 15 años, y sin que su situación socio legal haya sido resuelta.

A esto se suma que no se cuenta con registros oficiales sobre la cantidad de menores en centros de acogida y en condición de adoptabilidad, ni las tipologías por las cuales están en esos lugares, lo que no permite a personal de DNA y los Sedeges / Sedepos a realizar un trabajo oportuno.

Otro problema identificado es la falta de una cultura de adopción, que lleva a que los solicitantes para adoptar no reciban una atención adecuada, empática y transparente.

Pagina Siete.

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