Constitucionalista: denuncia de Luis Revilla no afecta el fallo del TCP

El constitucionalista Rogelio Mayta afirmó el miércoles que la denuncia penal presentada por el alcalde Luis Revilla ante la Cámara de Diputados, contra dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no afecta a la sentencia del caso Alpacoma.

«La interposición sola de una denuncia no deja sin efecto la sentencia constitucional y ésta sigue teniendo el efecto legal. Hay que esperar cómo se desarrolla el proceso iniciado a través de la demanda ante la Asamblea, que puede rechazar, aceptar o instruir una investigación», señaló Mayta.

La sentencia constitucional 0228/2019-S4, suscrita por los magistrados del TCP, Gonzalo Hurtado e Iván Espada, estableció responsabilidad penal en contra del alcalde de La Paz, Luis Revilla, por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, según afirmó el constitucionalista Franklin Gutiérrez.

El fallo instruye su notificación ante la Fiscalía y la Procuraduría. El jurista Gutiérrez declaró a Cambio que esto quiere decir que estas entidades, así como cualquier representante de la ciudadanía, puede enjuiciar penalmente a Revilla por los daños sufridos a raíz de la crisis de la basura.

La resolución concede tutela solicitada a Teodoro Blanco Mollo y Simón Judas Apaza Rojas, que presentaron una acción popular, debido al cierre eventual del relleno de Alpacoma, que derivó en la acumulación de basura en calles de la sede de Gobierno por más de tres semanas.

Apaza Rojas inició un proceso penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz.

El alcalde Revilla informó que presentó una querella en contra de los magistrados del TCP, a quienes acusa por la comisión de dos delitos: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

El abogado Mayta explicó que la demanda penal presentada ante la Cámara de Diputados es la vía para un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP.

El constitucionalista indicó que «todos los ciudadanos están habilitados para hacer denuncias penales por lo que fuera y el alcalde Revilla está haciendo uso de ese derecho».

Sin embargo, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, calificó a la demanda de Revilla como una «argucia jurídica para encubrir su responsabilidad por el desastre ambiental que ocasionó el colapso del relleno sanitario de Alpacoma».

«Aquí de lo que se trata no son de argucias- jurídicas, aquí de lo que se trata es que dé respuestas claras, tiene que dar informes técnicos serios, no tiene que dar respuestas políticas», afirmó la legisladora.

Brito recordó que el desastre del 15 de enero dejó a la luz una serie de irregularidades en el Gobierno Municipal de La Paz, que van desde tráfico de influencias a favor de Edwin Saavedra, uno de los accionistas de Tersa, empresa que administra el relleno sanitario de Alpacoma; hasta irregularidades en el manejo de ese vertedero y la falta de fiscalización a las labores que desempeña Tersa.

Este hecho provocó el derrame de 200.000 toneladas de basura en descomposición y 10.000 metros cúbicos de líquidos lixiviados, que contaminaron el aire, tierra y fuentes de agua del municipio de Achocalla, según un informe técnico del Viceministerio de Medio Ambiente.

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