Comunarios afirman que fallo del TCP no revierte toda la mina

Las autoridades originarias del Jatum Ayllu, de la comunidad Santa Isabel, en Potosí, desmintieron que bajo los principios de justicia comunitaria se haya quitado la mina La Candelaria al empresario Wálter Huarachi Véliz, como lo denunció hace unos días.

Aseguraron que la reversión de la propiedad fue decisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y avalada por el Ministerio de Minería, en junio de 2017, dispuesta en la Resolución 167/18, que confirma la revocatoria de derecho minero de La Candelaria.

“La mina fue revertida en junio de 2017 por la AJAM y ratificada por el Ministerio de Minería. Nos llama la atención que digan que nosotros hemos hecho justicia comunitaria. En enero de 2018 presentamos una queja ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por los maltratos y explotación laboral que cometió Huarachi contra los pobladores. No hemos pedido que se le revierta su mina”, aseguró Máximo Huayta, autoridad originaria de Santa Isabel.

En marzo pasado, el abogado de Huarachi afirmó que una declaración constitucional del TCP, que tiene carácter de sentencia, declaró aplicable y legal la decisión comunal de expulsión sin lugar a compensación alguna de una concesión minera en Potosí, bajo los principios de la justicia comunitaria.

Al respecto, Huayta respondió que esta declaratoria no tiene que ver sobre ninguna revocatoria de concesiones, sino que es una sanción jurisdiccional a la persona que vive en el lugar.

“El TCP al momento de admitir la consulta nos hubiera dicho: no ha lugar porque están pidiendo algo que le corresponde definir a otra instancia que es la AJAM. Nos aceptó porque se hablaba de justicia originaria campesina, que vive dentro de la comunidad. Como él dijo que vivía en la comunidad, se le aplicó el principio de no seas mentiroso”, insistió.

Huayta manifestó que esta situación fue expuesta ante la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, instancia que les recomendó acudir al TCP.

Entretanto, el representante de la Asamblea de Derechos Humanos distrital Omasuyos, David Inca Apaza, confirmó que en 2018 se presentó ante el TCP la sentencia de justicia del Jatum Ayllu Santa Isabel, en calidad de consulta para expulsar al empresario de la comunidad por abuso y explotación laboral.

“El empresario sancionado con expulsión Walter Huarachi le debe al Estado 10 millones de dólares. Las cuatro concesiones mineras que dice poseer fueron revertidas por la AJAM. Asimismo, el empresario deudor se comprometió ante el Ministerio de Trabajo, en Tupiza, a pagar más de 300 mil bolivianos por deudas laborales, pero no cumplió”, señaló Inca Apaza.

Mencionó que el TCP emitió el fallo luego de que un equipo técnico de la instancia se dirigió a la comunidad, en marzo de 2018, para verificar la determinación de la justicia comunitaria.

“Ahí ellos observaron que sí hubo uso y abuso de parte del señor Huarachi como empresario. No sólo estaban comunarios de Jatum Ayllu, sino de todo el departamento. Se le dio una sanción jurisdiccional de expulsión como comunario que se declaró”, detalló Apaza.

Disputa legal

Postura El Ministerio de Minería restó valor a la declaración constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia que estableció aplicable la decisión comunal de expulsión sin lugar a compensación del dueño de la mina La Candelaria.
Vía El proceso válido para revertir los derechos mineros es un proceso que se lleva inicialmente en la AJAM y concluye en el Tribunal Supremo de Justicia, no existe ningún otro proceso que pueda revertir derechos de titulares, según el Gobierno.
Parte La sala cuarta del TCP, mediante la declaración constitucional plurinacional del 29 de agosto de 2018, declaró aplicable conforme a los principios, valores, normas y procedimientos propios de la comunidad Jatun Ayllu Santa Isabel.

Pagina Siete.