Cocaleros de Yungas con problemas interminables

Hay conflictos sociales que no tendrían razón de prolongarse y este es el caso de los cocaleros de Yungas, al contrario de lo que sucede con la producción de coca de los cocaleros del Chapare cochabambino, cuyos dirigentes creen tener la exclusividad y no permiten muy fácilmente competencias. El cercano y lejano pasado muestra que también en el Chapare se han producido algunos problemas, pero que han sido solucionados prontamente, porque así lo determinó el gobierno.

Huelgas, paros, bloqueos y otros son protagonizados por los cocaleros de Yungas, que tienen varios reclamos que las autoridades podrían remediar fácilmente: en primer término, no aceptan que sus dirigentes sean apresados y amenazados; que se los prive de libertad y no se les instaure juicio alguno, que sean acusados injustamente, sin permitirles encontrar soluciones para sus problemas. Protestan porque los cuadros policiales los reprimen y abusan de la población que los apoya en cuanto a sus derechos, rechazan que el gobierno instale mercados paralelos solamente para la venta de coca yungueña (como sucedió recientemente cuando aparecieron puestos de venta al margen de Adepcoca), cuando la coca del Chapare cuenta con todas las garantías y facilidades para la producción y comercialización del producto; no aceptan que se les imponga condiciones de vida y menos que se los amenace permanentemente; exigen ser tratados conforme se trata a quienes también cultivan coca en el trópico cochabambino y, en casos, la industrializan y no tienen frenos para comercializarla.

El país no puede ni debe vivir situaciones en las que se perjudica la producción, se inhabilita caminos y regiones productoras, se bloquea toda forma de movilizarse y trabajar, se anula los derechos de poblaciones íntegras que nada tienen que ver con el conflicto; se culpa a las familias y se las reprime; en fin, que no se cuente con el respeto y consideraciones debidas a quienes solo exigen respeto a sus derechos y trato justo a sus demandas. Los cocaleros yungueños exigen que sus dirigentes que apresó la Policía sean liberados y garantizados en su misión sindical y no aceptan la conformación de sindicatos o grupos que los dividan.

El gobierno, ante las exigencias -muchas de ellas justas y racionales- parecería encaprichado en no encontrar soluciones y son los cuadros policiales los encargados de las represiones, hasta el extremo de causar alguna muerte y varios heridos por los enfrentamientos, pese a constarle que la represión no logra soluciones y al contrario, agrava situaciones hasta llegar a extremos. Es, pues, deber de las autoridades encontrar los remedios más equitativos y justos para terminar con el conflicto que ya lleva mucho tiempo y que causa grandes perjuicios a familias que sufren las consecuencias. No encarar este caso con la debida responsabilidad y sentido de humanidad es, simplemente, prolongar una situación que podría tener graves e impensadas consecuencias.

El Diario

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