Caso Rózsa: el juicio con más horas de audiencia espera un fallo de la CIDH

Con siete años de proceso oral y tres de investigaciones y preparaciones, el caso Rózsa -el juicio más largo de la historia de Bolivia- espera la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa instancia internacional admitió en 2018 la demanda en contra del Estado boliviano por violación a los derechos humanos. El plazo para respuesta por parte del Gobierno venció el 26 de marzo.

La demanda ante la CIDH fue presentada por el abogado Gianni Prado Herrera, en representación de Mario Tadic, uno de los sentenciados tras el fatal operativo del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas. Se sumaron al pedido internacional otros cuatro involucrados en el caso Rósza, entre los que están Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes ya llevan 10 años de prisión preventiva. La parte demandante cree que hay suficientes elementos para ir a juicio.

“Ya se han cumplido los plazos y estamos esperando que la CIDH nos notifique de la respuesta del Estado para ver cómo vamos a responder nosotros o si simplemente vamos a pedir a esta instancia emita ya un pronunciamiento. El Estado podría reducir su responsabilidad internacional empezando una investigación de las muertes y de las denuncias de tortura o dando su libertad a Guedes y Mendoza, pero no lo hace, no hay voluntad para restablecer los derechos vulnerados”, explicó el jurista Gianni Prado.

Si bien la petición fue admitida por la CIDH en 2018, la petición había sido presentada por Tadic ya en 2009. El 19 de enero de 2010 se adhirieron Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, mientras que Elöd Toasó lo hizo en abril de ese mismo año. La última en adherirse, el 18 de enero de 2013, fue Caroline Dwyer, madre de Michael Martin Dwyer, uno de los abatidos en el operativo.
Gianni Prado, abogado que presentó la demanda a la CIDH.

Una ejecución extrajudicial

Durante los primeros cinco años del proceso, durante la etapa de estudio, Prado se encargó de enviar toda la información respecto al caso con la intención de demostrar la inexistencia de un Estado de Derecho. Fue hasta el 2016 que esta instancia notificó a Bolivia sobre la petición que se hacía en su contra.

La respuesta del Gobierno llegó en septiembre de ese año con varios argumentos para los alegatos presentados por quienes se consideran víctimas por ejecución extrajudicial, tortura y violación al debido proceso. Hasta el 2017 tanto la parte afectada como el Estado presentaron sus observaciones adicionales.

Uno de los alegatos presentados por los peticionarios se refiere a que las tres muertes registradas durante el operativo no fueron resultado de un fuego cruzado, como afirman los informes oficiales; sino de una ejecución extrajudicial. Tadic y Toasó declararon que los caídos fueron tomados por sorpresa por lo que no llegaron a utilizar sus armas. Los argumentos refieren que las autopsias realizadas por autoridades bolivianas fueron contrariadas por pericias internacionales.

En el caso de Dwyer, la autopsia hecha en el país señala que fue encontrado en la habitación 457 del hotel Las Américas con seis impactos de bala en el tórax y abdomen. El examen hecho en su natal Irlanda, reveló que la causa real de la muerte fue un impacto de bala frontal que le atravesó el corazón. Por la trayectoria del proyectil se sabe que el tiro fue realizado mientras la víctima se encontraba en una posición inferior respecto de su atacante y que ya estando en el suelo recibió otros cinco disparos en la espalda.
El allanamiento al hotel se hizo sin una orden ni un fiscal.

Sobre esta muerte, según el informe de la CIDH, Elöd Toasó afirmó que, luego de ser detenido en el hotel, fue trasladado a un aeropuerto en Santa Cruz. Asegura que había otras dos personas.

“Indica que, pese a que sus captores le cubrieron la cabeza con una camiseta celeste, pudo ver que junto a él estaban de rodillas Mario Tadic y Michael Dwyer. Tadic y Toasó relatan que fueron subidos a un avión y que en ese ínterin escucharon un disparo. Toasó refiere que se estremeció al arribar a La Paz y darse cuenta de que únicamente habían llegado él y Tadic”, dice el documento.

La parte demandante manifiesta que Toasó denunció estos hechos ante una comisión parlamentaria de la Cámara de Diputados y ante las autoridades judiciales. Ninguna abrió una investigación.

La privación de libertad preventiva de los ex unionistas Guedes y Mendoza es otra de las vulneraciones observadas en el informe de admisibilidad. En este caso indica que hay una violación al debido proceso.

“En sus alegatos sobre este último punto el Estado dice que el proceso aún esta en pie y no ha acabado y no se llegó a una sentencia, por lo que aún no se ha agotado el derecho interno, uno de los requisitos para la admisibilidad. Cuando presenté la petición lo hice bajo la acepción de que no es posible agotar el derecho interno porque en Bolivia no existe el Estado de Derecho, algo que debía probar y lo hice”, manifestó Prado al referirse a la modificación al proceso penal que dice que los plazos máximos para la detención preventiva no aplica en caso de delitos contra el Estado y terrorismo.

Juicio con más horas de audiencia

Gary Prado, abogado defensor de seis de los 12 procesados, señala que este es el juicio que más horas de audiencia tiene. También es el que presenta más dilaciones que podrían extenderlo otros dos años y medio como mínimo.

“A diferencia de otros juicios donde hay una o dos horas de audiencia en el montado Caso Terrorismo tenemos audiencias de una semana por medio que se realizan mañana y tarde, y pese a ello no se avanza. Estamos año y medio leyendo centenares de extractos de todos los números que se contactaron al teléfono de Rózsa desde tres meses antes de que llegar al país hasta tres meses después que murió”,

Manifestó que el proceso se encuentra en la lectura de pruebas documentales de cargo y que al final de esta fase que se leerán las pruebas de descargo. Luego se presentarán pruebas y pericias para dar paso a los alegatos finales.

10 años del caso Rózsa

Tras 10 años de lo hechos del Hotel Las Américas persisten las dudas sobre lo que realmente ocurrió la madrugada del 16 de abril de 2009 en pleno centro de la ciudad.

2009 El 15 de abril hubo una explosión en la casa del cardenal Julio Terrazas que el Gobierno asegura fue perpetrado por Eduardo Rózsa. Presuntamente preparaba un alzamiento armado junto a otros cuatro extranjeros.

16 de abril, al promediar las 3:30 un grupo de la UTARC intervino el Hotel Las Américas. El gobierno informó que se procedió al operativo porque informes de inteligencia evidenciaron que ahí se alojaba el grupo terrorista.

3 Fueron los decesos que se produjeron supuestamente por un tiroteo que duró al rededor de 30 minutos. Informes periciales señalan que no hubo enfrentamiento y que las víctimas fueron asesinadas. Las cámaras del hotel fueron desactivadas.

6:30 del 16 de abril Tádic y Toasó, sobrevivientes del operativo, llegan a la Fiscalía de La Paz. El entonces fiscal Marcelo Soza hace la acusación por el atentado a la casa del cardenal.

29 de abril. Guedes y Mendoza fueron interceptados en Santa Cruz y trasladados hasta La Paz. Les vendaron los ojos con cinta adhesiva y cartón y los enmanillaron. Denunciaron tortura pero nunca se investigó los abusos cometidos.

5 de mayo el dueño del hotel señala que ninguno de los extranjeros dejó su habitación la noche del atentado al cardenal. Un sereno afirmó que los autores fueron tres hombres y una mujer. Hasta hoy no se sabe su paradero.

Pagina Siete.