Carretera a Caranavi, cinco años de retraso en una obra de inversión millonaria

La carretera Santa Bárbara- Caranavi-Quiquibey, considerada como la obra vial más importante del país, tiene cinco años de retraso. Aún no ha sido entregada, salvo algunos tramos y éstos presentan problemas. El Gobierno anunció su intención de anular el contrato de esta millonaria obra por segunda vez.

El primer tramo de esta ruta fue recientemente escenario del derrumbe de Puente Armas. La tragedia ocurrió del 2 de febrero y cobró una veintena de vidas.

En enero de 2010, el Gobierno suscribió el contrato por 257 millones dólares para la construcción de la carretera, que debía ser entregada en 1620 días calendario; es decir, en 2014. “Hay retrasos evidentes y estamos implementando todos los mecanismos legales que el contrato establece”, declaró hace dos semanas el director regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Boris Calcina.

Autoridades departamentales y nacionales observan falta de seguimiento y fiscalización a la construcción por parte del Gobierno. Se suma que la primera empresa contratada, ArBol, fue vinculada al caso “Lava Jato argentino”.

“La ABC tiene mucho que explicar a La Paz. La Gobernación ha puesto una contraparte de 60 millones de dólares y tenemos derecho a saber cómo fueron administrados. Hasta ahora no hay un informe oficial del estado en el que estaban las obras cuando se rescindió el contrato con ArBol y ahora se habla de una segunda anulación”, manifestó el director de Comunicación de la Gobernación de La Paz, Édgar Ramos.

Los transportistas amenazan con demandar a la ABC por el retraso y el mal estado de la carretera que aún no ha sido entregada. “Son nueve años de construcción sin avance. Ya han pasado dos empresas y parece que la actual también dejará las obras. Cuando pasen las lluvias, los transportistas tomaremos determinaciones radicales”, dijo el secretario ejecutivo de la Federación Regional de Transportes Yungas, Edson Valdez.

5 años de retraso y 4 contratos

Desde 2010, el Gobierno suscribió cuatro contratos para esta carretera por un monto total de 326 millones de dólares. Los dos primeros fueron con las constructoras ArBol y Royal, respectivamente. El tercero y cuarto corresponden a servicios de fiscalización y de mantenimiento de la obra.

El 19 de enero de 2010 el presidente Morales y la Asociación Accidental Argentino-Boliviana, ArBol, firmaron el contrato para el diseño y construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. El proyecto –que une La Paz, Beni y Pando– es parte del Corredor Amazónico que conecta Bolivia y Brasil.

El contrato, modalidad llave en mano, tenía un costo de 257.252.531 dólares. El 67% de los recursos provenían del financiamiento venezolano. El resto del dinero fue puesto por el Gobierno y la entonces Prefectura de La Paz. El plazo de entrega era de 1.620 días calendario (alrededor de cuatro años y medio). Hasta la fecha obra está inconclusa.

En 2013, un millar de obreros paralizaron la construcción exigiendo el pago de salarios atrasados por parte de ArBol, la constructora que ya había cobrado dinero de la ABC. Un centenar de empresas subcontratadas –para alimentación, transporte, maquinaria pesada y otros servicios– también denunciaron deudas cuantiosas. En 2014 ya se hablaba del rescindimiento del contrato, pero la empresa ArBol logró adjudicarse otras dos obras gubernamentales.

“Según documentos de la ABC, esa empresa incumplió con los plazos y por eso en 2015 se rescinde el contrato. Eso es evidente porque desde Santa Bárbara (donde comienza la vía) hasta Quiquibey (frontera con el Beni) no se cumplió ni siquiera con el asfaltado de los 184 kilómetros y los túneles están a medias”, explicó Ramos de la Gobernación.

En 2016, el Gobierno adjudicó la obra a la empresa Royal por 68,3 millones de dólares. Las especificaciones del contrato señalan que la nueva contratista se haría cargó de los ítems inconclusos; no hay un informe sobre el estado en que ArBol dejó la obra.

“Como transportistas estamos preocupados porque Royal debería estar haciendo el mantenimiento, pero no lo hace. Dicen que sólo deben hacer construcción y lo que estaba terminado ya se ha malogrado”, indicó el dirigente de los transportistas yungueños.

Valdez señaló que entre 2016 y 2018, Royal también tuvo problemas con obreros y empresas subcontratadas por falta de pagos. “Hasta a dinamitazos han bloqueado el camino”, dijo.

El plazo de entrega de Royal venció en junio de 2018. Meses antes, tras una inspección, la ABC y organizaciones sociales dieron su venia a los trabajos; no obstante, la empresa pidió una extensión.

La solicitud fue aceptada pues la ABC evidenció una demora importante. El 28 de enero envió a la contratista una nota en la que le comunicaba la intención del Gobierno de rescindir el contrato. El documento refiere serias deficiencias que ponen en riesgo la obra.

“Vidas en peligro”

Los choferes sostienen que no sólo esta en peligro la carretera, sino la vida de los usuarios de la vía. El dirigente de los transportistas a Yungas denunció que, además de las fallas en el asfalto y falta de ensanche en las vías, los dos túneles habilitados no han sido pavimentados y presentan filtraciones.

“Son un riesgo para los viajeros y los transportistas. Días antes de la tragedia de Puente Armas, más adelante había un derrumbe menor. Royal no atendió esa emergencia que abriría el paso y hubiera habido tantos vehículos esperando y el derrumbe no hubiera causado tantas muertes”, dijo Valdez.

A raíz de la tragedia, la diputada Concepción Ortiz (MAS) anunció una evaluación al trabajo de la constructora Royal. “Hubo mucho descuido. La empresa se comprometió a trabajar, pero lamentablemente no cumple”, declaró.

Página Siete solicitó a la ABC información sobre el estado de la carretera, montos de financiamiento y porcentaje de avance; pero hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.

Cuestionada Corsán

Denuncia En abril de 2018 el senador Yerko Núñez (UD) denunció que para adjudicarse obras bolivianas, Corsán Corvian contrató una empresa consultora a la que le prometía el 3,5% del monto contrato si consolidaba la adjudicación. En el caso de la hidroeléctrica Miguillas, fue por invitación directa.
Soborno Juan Carlos de Goycoechea, el presidente de la filial Argentina de Isolux Corsán Corviam, fue implicado en el “Lava Jato argentino”, el caso de los cuadernos de sobornos, que destapó una red de corrupción en la adjudicación de obras en el gobierno kirchnerista.
Fama En 2017 el periódico español Mundo señaló que la empresa había montado una red de sobornos en Sudamérica.

La primera empresa fue vinculada con el “Lava Jato argentino”

La empresa ArBol fue la primera adjudicada para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey en 2010. Años después, la contratación de este consorcio argentino-boliviana fue cuestionada por el vínculo de la firma mayoritaria con el caso “Lava Jato argentino”.

En agosto de 2018, tal como ocurrió en Brasil en 2014, en Argentina se descubrió una red de sobornos que salpicó a la familia presidencial. El periódico La Nación denunciaba entonces 10 años de una asociación ilícita que recolectó al rededor de 53 millones en “coimas”.

Uno de detenidos por el caso fue Gerardo Ferreyra, empresario que mantenía especial cercanía con los Kirchner. Su firma –Electroingeniería– es la dueña del 85% de las acciones de la empresa ArBol.

Ferreyra, quien permanece detenido en Argentina, estuvo en Bolivia en enero de 2010 para la firma del contrato de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey, documento rubricado por el presidente Evo Morales. El acto se llevó a cabo en el antiguo Palacio.

Ese era el segundo contrato que Ferreyra se adjudicaba en pocas semanas y que era financiado con recursos venezolanos. En Bolivia fue el primero de tres; siendo el mayor de ellos la construcción de la vía.

Corsán y “la maldición para el norte de La Paz”

“Esto pareciera una maldición para el norte de La Paz. Hubo muy mala suerte no sólo con la carretera Caranavi-Quiquibey; para el ingreso al norte, hay otro proyecto inconcluso por el abandono de la empresa constructora”, dijo el vocero de la Gobernación de La Paz, Édgar Ramos.

La hasta ahora inconclusa carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey debía empalmarse con otro proyecto vial de vital importancia para el ingreso a la zona amazónica de La Paz en la provincia Abel Iturralde: la carretera San Buenaventura-Tumupasa-Ixiamas. Esta ruta es también una de las salidas para el contrabando de castaña.

En 2015, la española Corsán Corviam fue la empresa que ganó la adjudicación de la ABC para la construcción de 114 kilómetros de carretera en dos tramos.

El contrato era por 137 millones de dolares y el tiempo de ejecución era de algo más de tres años. La contratista también debía encargarse del mantenimiento de la vía durante el tiempo de ejecución de la obra.

Sin aviso, el 31 de marzo de 2017 –cuando la obra apenas había alcanzado un 25% de avance– la empresa abandonó la obra de la noche a la mañana. El primero de abril los campamentos amanecieron vacíos, todo el personal se había ido dejando abandonada la maquinaria pesada.

Pero el de esa carretera no fue el único contrato de Corsán Corviam. El Estado le adjudicó la hidroeléctrica de Miguillas por 397,9 millones de dólares, obra también abandonada. Decenas de subcontratadas denunciaron deudas cuantiosas arrastradas por hasta seis meses

9 años sin carretera

A la fecha, la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey lleva casi cinco años de retraso respecto al plazo original. Se han firmado cuatro contratos, pero no existe un informe oficial sobre el estado de la vía.

2010 El 10 de enero la ABC suscribió el contrato con la empresa ArBol para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey por 257.252.531 dólares. Debía ser entregada en 1.620 días calendario.

2013 Centenares de trabajadores y decenas de empresas subcontratadas denunciaron falta de pago y despidos injustificados. Los obreros pararon las obras y aunque hubo un acuerdo el conflicto se reanudó en 2014.

2015 En agosto, ante el incumplimiento de contrato, el Ministerio de Obras Públicas rescindió el contrato con ArBol. La decisión fue tomada en la localidad de Caranavi.

2016 En mayo, el Gobierno contrató a la empresa Royal para continuar la construcción de la carretera, que había quedado inconclusa. El financiamiento fue de 68.316.000 dólares. La entrega debió ser en febrero de 2018.

2017 La ABC hace la contratación del “Servicio de la fiscalización y control” para la carretera, entonces en manos de Royal, por tres millones de bolivianos. En 2018 suscribe un contrato para el mantenimiento por 143.678 dólares.

2019 El 28 de enero, días antes del deslizamiento del sector Puente Armas, la ABC notificó a Royal su intención de rescindir el contrato por “serias deficiencias que ponen en riesgo la conclusión de obras”.

Pagina Siete.