Bolivia pagó Bs 54 millones a dos consorcios para arbitrajes

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La Procuraduría General del Estado reveló ayer que desde 2006 el Estado pagó 54.494.361 bolivianos a dos consorcios jurídicos internacionales por la defensa en ocho arbitrajes, producto de la política de “nacionalización” del anterior Gobierno. El consorcio Dechert, con sede en París (Francia), fue contratado en siete causas, por las cuales obtuvo casi 52 millones de bolivianos.

El consorcio Dechert estuvo a cargo de los casos Abertis Infraestructuras SA, Glencore Finance (Bermuda) Limited, Rurelec Plc (EGSA y Guarachi América Inc.), Pan American Energy LLC (Chaco), Paz Holdings Ltd. (Iberbolivia de Inversiones SA) y CLHB (Oiltanking Investments Bolivia SA Graña y Montero SA GMP SA).

El consorcio Foley Hoag se hizo cargo del caso AEI Luxembourg Holdings SRL y ambos bufetes compartieron el caso ETI Euro Telecom International NV (subsidiaria de Telecom Italia) (Entel SA). El Estado pagó a Foley Hoag 2.497.736 bolivianos.

El procurador, José María Cabrera, informó ayer que luego de la promulgación del Decreto Supremo (DS) 4156 del 14 de febrero, se desclasificaron los documentos sobre la contratación de servicios jurídicos para la defensa en los procesos arbitrales. Esos archivos se mantenían en reserva por la vigencia del decreto supremo 2698 del 9 de marzo de 2016 que fue abrogado.

“El pasado 14 de febrero, el Gobierno nacional en funciones emitió el DS 4156 que en su artículo único abroga el DS 2698, que autorizaba a la Procuraduría la contratación directa de bufetes internacionales (…). También se acabó con el secretismo”, señaló la autoridad.

Cabrera comentó que en 2018 hubo 10 peticiones de informe escrito sobre las contrataciones de abogados para los arbitrajes, pero que nunca fueron respondidas. El senador Óscar Ortiz calificó de “histórica” la desclasificación.

“No son secretos de Estado ni secretos militares. Nunca debieron ser secreto, son contratos con recursos públicos”, manifestó el legislador.

El exprocurador Pablo Menacho dijo que “tratar a los arbitrajes de inversión como meros procesos judiciales nacionales y no darles la reserva requerida es un error”.

Pagina Siete.