Asociaciones de periodistas rechazan y piden eliminar el DS 4231
Para la ANPB y APLP, el decreto no solo es inconstitucional, inconvencional e ilegal, sino que puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado”.
La Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron este lunes y pidieron la eliminación del decreto 4231 promulgado por el Gobierno “debido a que establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión”.
En un pronunciamiento público, dichos organismos aclararon que “un decreto supremo, de inferior rango jurídico, no puede vulnerar los artículos 21.5, 106 y 107 de la Constitución, que fija las condiciones de validez del resto del ordenamiento jurídico y de las resoluciones y decisiones de las autoridades públicas y que garantiza el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión”.
Según expresaron en su comunicado, el decreto también vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El DS 4231, aprobado el 7 de mayo, señala que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo (sobre la cuarentena) o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, llamó este lunes a los periodistas a que “estén tranquilos”, porque para ellos rige la Ley de Imprenta y no el Decreto. Dijo que quienes deben estar preocupados son quienes tratan de confundir a la población y enfrentar al país, con mensajes en redes sociales.
Para la ANPB y APLP, el decreto no solo es inconstitucional, inconvencional e ilegal, sino que puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado”.
Tampoco es -continúa el comunicado- un argumento válido, como ha señalado el Gobierno, que los periodistas están al amparo, ante esta draconiana restricción a la libertad de expresión, de la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925, porque el artículo 1 de esta norma, con gran claridad expositiva de sus creadores, señala que no se trata de una ley exclusiva para los periodistas, sino que “todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.
Es decir, dice el texto, “la sabia Ley de Imprenta consagra el derecho de los bolivianos a ejercer el derecho a expresarse.
Ambas asociaciones agregaron que “en el tercer periodo del expresidente Evo Morales también rechazamos el intento de penalizar el derecho a la libertad de expresión, cuando se pretendió, sin fundamento, aprobar un nuevo Código Penal que hubiera arrasado con el derecho a la liberta de expresión y con nuestras normas legales y de autorregulación”.
«Pedimos al Gobierno, en consecuencia, que se elimine de la economía jurídica nacional, no solo esta disposición transitoria del DS 4231, sino toda norma e inclusive cualquier avieso intento de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, que es la piedra basal de la democracia”, finaliza el pronunciamiento.
Página Siete