Antecedentes demuestran que Mesa no aplica la transparencia que aboga (Enfoque)


Los antecedentes registrados desde 2004 a la fecha demuestran que el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), no aplica la transparencia que aboga.

En 31 de enero de 2004, en calidad de Presidente, Mesa emitió el Decreto Supremo 27345, que tuvo por objeto regular la formulación, aprobación, ejecución y control de la partida de Gastos Específicos, denominada también «Gastos Reservados».

El artículo 10 de esa norma dice que la documentación presentada en la rendición de cuentas será clasificada como «secreta».

Los documentos que prueben la erogación de los gastos bajo la partida Gastos Específicos – «Gastos Reservados», que sean aceptados por el Contralor, deberán ser destruidos o incinerados por este en presencia del ministro respectivo, debiendo dejarse constancia en acta de este hecho, remarca el decreto.

Hasta la fecha, el candidato de CC no explicó la razón por la que emitió ese decreto.

Otro antecedente divulgado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tiene que ver con la denuncia de que Mesa cobraba 200.000 dólares mensuales de los gastos reservados cuando asumió la vicepresidencia en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusación que el candidato de CC no desmintió o confirmó hasta la fecha.

En octubre de 2018, Mesa olvidó mencionar una de sus cuentas bancarias en el exterior a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), «olvido» que rectificó ese mismo mes, para habilitarse como candidato a la presidencia, ese hecho se sumó a las contradicciones de Mesa desde que ingresó a la política.

En mayo de este año, 2019, se destapó un depósito de 30.000 dólares a la cuenta bancaria de Mesa y 15 movimientos bancarios «inusuales», en la compra-venta de un departamento en La Paz, que involucró al excoronel de la Policía, Gonzalo Medina, aprehendido por supuestos vínculos con el narcotráfico y otras acusaciones que no fueron aclaradas por el exmandatario.

Un mes después, en junio, Mesa se negó a responder y aclarar sobre el supuesto cobro que hizo, de 1,2 millones de dólares, para aceptar la candidatura de vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2002.

Mesa consideró que responder a esa acusación significa «atizar» una supuesta «guerra sucia» en su contra.

A esos antecedentes, se suma la negativa de Mesa para testificar de forma oral, en un juzgado de Estados Unidos, sobre la masacre en la denominada «Guerra del Gas», que ordenó el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003.

Recientemente, el exmandatario no explicó la procedencia de los recursos económicos que captó por aportes para su campaña política, que ascienden a 10 millones de dólares (70 millones de bolivianos), según el vocero de CC, Diego Ayo.

Ayo dijo el domingo que esos 10 millones de dólares fueron obtenidos por la realización de ferias y quermeses.

Red central/ ABI

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