Abogado: TDJ La Paz ordenó que Edwin Saavedra declare en Santa Cruz

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz dispuso “que se levante” el mandamiento de aprehensión en contra de Edwin Saavedra por el caso Tersa, y ordenó a la Fiscalía tomar su declaración en la ciudad de Santa Cruz, según Marco Antonio López, abogado del empresario.

“La acción de amparo constitucional que fue resuelta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), atendiendo toda la documentación y todos los antecedentes del caso, determinó lo siguiente: En primer lugar, conceder la tutela, es decir declarar la admisión de acción de amparo”, explicó López.

El jurista agregó que el TDJ dispuso “que se levante el mandamiento de aprehensión en contra del señor Edwin Saavedra”, y ordenó, además, que declare en la ciudad de Santa Cruz, “en atención a las certificaciones médicas presentadas y corroboradas por el IDIF”.

El domingo, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió una orden de aprehensión contra Saavedra, accionista mayoritario de Tersa, firma que administra el relleno sanitario de Alpacoma. El empresario indicó esa jornada que esa medida es desproporcionada.

La orden fue dispuesta en el marco del proceso que se sigue al concejal de Sol.bo Fabián Siñani y Giovanni Jemio por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por el presunto favorecimiento del municipio paceño a Tersa, según una nota de prensa de la Fiscalía.

Saavedra, a través de un pronunciamiento, comunicó esa jornada que a lo largo de todo el proceso de investigación del caso Tersa, “siempre ha manifestado su voluntad de coadyuvar con la investigación y ha presentado toda la información solicitada de manera expedita a las autoridades competentes”.

Ayer, el abogado López dijo que recibieron “con beneplácito” la resolución, porque “se valoraron todos los antecedentes y principalmente se ha protegido el bien jurídico principal que es la salud y la vida”.

El jurista agregó que el Ministerio Público debe levantar el mandamiento de aprehensión, ya que “toda sentencia constitucional es de inmediato cumplimiento”, y debe “remitir una solicitud de cooperación a Santa Cruz, para que pueda declarar el señor Saavedra o, en su defecto, disponer que uno de los fiscales a cargo de la investigación pueda constituirse en dicha ciudad a los efectos de recepcionar las declaraciones”.

Caso Curva de Holguín

En el marco del caso Curva de Holguín, relacionado con el cambio de uso de suelos, ayer, Danilo Saavedra, hijo de Edwin Saavedra, indicó que su padre donó 6.650 metros cuadrados en beneficio directo de la estatal Mi Teleférico.

“Edwin Saavedra Toledo fue más allá en su compromiso empresarial con la ciudad, al donar 6.650 metros cuadrados en beneficio directo de la empresa estatal Mi teleférico, para que hoy, miles de paceños puedan hacer uso de dicho transporte público para trasladarse a diario a sus fuentes de trabajo y domicilios”, señaló el hijo de Saavedra en una solicitada.

En la publicación, que titula “La verdad sobre la curva de Holguín y el empresario DN. Edwin Saavedra Toledo”, explicó que “para que esta donación sea efectiva, el propio Ministerio de Obras Públicas verificó la legalidad propietaria para la correcta aceptación legal de la referida donación de dichos metros cuadrados”.

Página Siete buscó la versión del Ministerio de Obras Públicas y desde esa repartición indicaron que se consultara a Mi Teleférico, donde informaron que el gerente de la empresa estatal, César Dockweiler, está en México.

El concejal Jorge Silva, del Movimiento Al Socialismo (MAS), sostuvo que la donación “no fue un favor” de Saavedra, porque de acuerdo con la Constitución, “son de prioridad el tema del transporte, la educación y la salud”, por lo que a base de la Carta Magna se puede “proceder a la expropiación de la transferencia a título oneroso o en calidad de donación de predios de esa utilidad”.

“Por lo tanto, la transferencia que ellos hacen a título de donación al Ministerio de Obras Públicas es en el marco de esa prioridad nacional, no ha sido un favor”, afirmó el concejal.

Sonia Brito, diputada oficialista, dijo al respecto: “El caso está en el marco de una investigación, y es esa instancia que tendrá que darnos una respuesta”.

Pagina Siete.