• Un fallo histórico en Santa Cruz obliga al gobierno a pagar y atender a enfermos crónicos, marcando un precedente para todo el país.

En un día que quedará grabado en la lucha por el derecho a la salud en Bolivia, el Tribunal Sexto de Sentencia de Santa Cruz concedió este martes una acción de libertad que obliga al Estado a garantizar de manera inmediata los tratamientos de diálisis para pacientes renales. La decisión, calificada como «histórica» por los accionantes, sienta un jurisprudencia crucial para la atención de enfermedades terminales en el país.

El abogado Andrés Ritter, representante de los pacientes, celebró el fallo con emoción. «Hoy no ganó Santa Cruz, hoy ganó Bolivia, hoy ganaron los enfermos renales», declaró. «El tribunal estableció que ninguna vida puede estar en riesgo por falta de pago de diálisis o atención contra el cáncer. Es un fallo histórico que genera jurisprudencia y salva vidas», enfatizó Ritter, destacando el carácter vinculante e inmediato de la resolución.

La sentencia llega en un contexto de extrema urgencia. A pesar de que el Ministerio de Salud anunció horas antes la cancelación de la deuda con los centros de diálisis en Santa Cruz –y su replicación a nivel nacional–, los pacientes denunciaron que este pago solo se concretó tras siete meses de retraso y gracias a la presión judicial. «Si no interponíamos la acción, el Gobierno jamás iba a pagar. Hoy se han salvado vidas», recalcó Ritter.

Desde la sociedad civil, el respaldo fue unánime. Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, sentenció que «el centralismo y la burocracia matan». «Con los pacientes no se juega. La Justicia hizo lo que correspondía y ahora el Gobierno debe cumplir pagando a tiempo para que no vuelvan a sufrir», agregó. Por su parte, el rector de la UAGRM, Reinerio Vargas, destacó la unidad institucional lograda: «Este triunfo es del pueblo y de los pacientes que dieron la alerta».

Mientras las voces oficiales, como el asesor Javier Moreno del Ministerio de Salud, insistían en que los pagos ya estaban siendo ejecutados, el vocero de los pacientes, Marco Torrez, recordó la cruda realidad que vivieron: «No somos políticos, estamos luchando por vivir. Si no se pagaba, muchos estábamos en riesgo de morir». Una postura que fue respaldada incluso desde la Gobernación, donde el secretario de Salud, Edil Toledo, cuestionó la falta de soluciones concretas del nivel central.

Este fallo trasciende lo inmediato y establece un precedente legal robusto. Significa que, en adelante, ningún boliviano con una enfermedad crónica o terminal podrá ser abandonado a su suerte por retrasos administrativos o falta de voluntad política. La justicia ha hablado claro: en Bolivia, la vida primero.