A 11 años de la Ley 521, el protocolo para interceptar aeronaves irregulares aún no se aprueba y las organizaciones criminales aprovechan el vacío.

Aunque la instalación del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta) concluyó en septiembre de 2023, Bolivia todavía no cuenta con el reglamento que permita interceptar aeronaves o avionetas irregulares, muchas de las cuales transportan droga.

“Se está coordinando y trabajando en el protocolo. Cuando corresponda se dará a conocer; si es material reservado, será interno”, explicó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Ángel Morales, a la Agencia de Noticias Fides (ANF).

La Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, promulgada en 2014, establecía un plazo de 180 días para la reglamentación a cargo del Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa. Sin embargo, han pasado 11 años y no existe un decreto supremo publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

En septiembre de 2023, el entonces ministro Edmundo Novillo informó que la empresa francesa Thales Air Systems completó la instalación de 13 radares en 22 puntos, siete de uso militar para la lucha contra el narcotráfico y el resto para vuelos comerciales. Novillo indicó que el reglamento debería aprobarse mediante un decreto supremo, el cual hasta ahora no ha sido emitido.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Aldo Terrazas, criticó la demora y aseguró que esta situación evidencia protección a organizaciones criminales. “Es lamentable que los radares, comprados por 225 millones de dólares, no puedan funcionar por falta del reglamento, mientras el narcotráfico opera con impunidad”, sostuvo.

Terrazas anunció que la Comisión de Gobierno de Diputados solicitará un informe al Ministerio de Defensa, aunque advirtió que podría no obtener respuesta por el poco tiempo restante de la actual gestión.

La falta de reglamentación deja al sistema de radares antinarcóticos inoperante, pese a que su adquisición data de 2016 y su instalación finalizó siete años después, afectando la capacidad del país para controlar su espacio aéreo y combatir el tráfico de drogas.