• La asociación que agrupa a las estaciones de servicio se lava las manos respecto a las denuncias de los usuarios. Su batalla, indican, es otra: exigen al Gobierno que deje de aplicar una «ley de dos pesos» que beneficia a competidores con estándares más bajos de seguridad.

La Asociación de Surtidores de Combustibles (ASOSUR) emitió hoy un comunicado en respuesta a las recientes denuncias sobre la mala calidad de los combustibles que circulan en el país. El gremio que representa a estaciones de servicio privadas a nivel nacional se deslindó de toda responsabilidad y apuntó directamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El pronunciamiento surge en un contexto de múltiples quejas reportadas por usuarios en varios departamentos, quienes alegan fallas en sus vehículos presuntamente por combustible en mal estado. Frente a esto, ASOSUR fue enfática en aclarar el rol de sus afiliados. «Las Estaciones de Servicio no tienen competencia ni responsabilidad sobre la calidad del producto, dado que nuestra función se limita a la comercialización del combustible provisto por YPFB», se lee en el documento. La asociación remarcó que la obligación legal de garantizar que el combustible cumpla con las especificaciones técnicas recae de manera exclusiva sobre la estatal petrolera y el ente regulador.

En un segundo punto, el gremio fue más allá de la defensa y pasó a la ofensiva, planteando una crítica severa al marco regulatorio vigente. Denunciaron que el sector enfrenta una «situación de competencia desleal y distorsión normativa». Según ASOSUR, las estaciones de servicio convencionales están sujetas al «cumplimiento estricto» de una serie de decretos supremos que regulan infraestructura, seguridad industrial, sistemas de control y medio ambiente.

En contraste, acusaron a autoridades nacionales de haber autorizado «otras formas de abastecimiento» –en alusión a los llamados ‘surtidores móviles’ o puntos de venta alternativos– sin aplicarles las mismas exigencias legales y técnicas. «Las actuales disposiciones normativas discriminan y vulneran la seguridad de la población», alertó la asociación, argumentando que esta situación crea un tratamiento desigual que va en desmedro de las empresas formalmente establecidas.

Finalmente, ASOSUR exhortó a las autoridades a «restablecer la equidad normativa y la igualdad de condiciones» entre todos los operadores del mercado de combustibles. Subrayaron que sus afiliados son garantes de «transparencia y seguridad» en la comercialización, un pilar, a su juicio, para la estabilidad del mercado y el desarrollo del país. El balón queda ahora en la cancha de YPFB y la ANH, a quienes la opinión pública espera que respondan a estas acusaciones.