La Gestora Pública de Pensiones incrementó su inversión en el Banco Ganadero tras otorgar créditos por más de 9 millones de dólares a los hijos del presidente; organismos claves evitan responder.
Una relación cuestionable se ha consolidado entre el Banco Ganadero, ligado al poder agroempresarial, y las altas esferas del oficialismo. Los hijos del presidente Luis Arce, Rafael Ernesto y Camila, obtuvieron en 2021 créditos por más de 9 millones de dólares para la compra del predio agrícola “Adán y Eva”, ubicado en Santa Cruz, junto con recursos para desmontes, insumos y maquinaria.
A pesar de las dudas sobre la rentabilidad real del proyecto y los beneficios que recibieron, como la construcción estatal de un puente de acceso por la UPRE y la aprobación rápida de permisos de desmontes por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), las autoridades clave mantienen un marcado silencio.
La Gestora Pública de Pensiones, que administra los fondos de los trabajadores, incrementó su inversión en el Banco Ganadero en casi 200 millones de dólares en tres años, generando cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, ya que tanto la ASFI como la APS, entidades reguladoras, están dirigidas por funcionarios designados por el propio presidente Arce.
Desde el Banco Ganadero niegan cualquier trato preferencial y aseguran que todo fue “normal”, aunque no han respondido formalmente a las solicitudes de información.
Mientras tanto, la denuncia presentada por el diputado opositor Enrique Urquidi fue admitida para trámite en el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero hasta ahora no hay avances públicos. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, también mantiene silencio pese a la gravedad del caso.