Silvia Tapia revela encuentros con María Nela Prada, Edmundo Novillo y Hugo Moldiz por orden directa del presidente Arce
La abogada Silvia Tapia, defensora del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, reveló que el 25 de junio de 2024, un día antes de la asonada militar, su cliente fue trasladado de manera discreta al Palacio de Gobierno para reunirse con la ministra de la Presidencia María Nela Prada, el ministro de Defensa Edmundo Novillo y el asesor Hugo Moldiz, por instrucción directa del presidente Luis Arce.
Tapia indicó que Zúñiga fue recogido en las puertas del hotel París por el chofer personal del mandatario. Para evitar ser reconocido, vistió un buzo con capucha y barbijo. La reunión tuvo lugar en el piso 22 del edificio presidencial. “Los detalles de la reunión los brindará mi defendido”, afirmó Tapia, en declaraciones recogidas por ANF.
La declaración cobra relevancia tras la detención del abogado Jorge Valda este viernes en Santa Cruz, bajo la acusación de haber formado parte de un supuesto “gabinete civil” que se activaría tras la fallida toma militar del 26 de junio. Valda fue trasladado a La Paz y forma parte de la lista de analistas, economistas y dirigentes que fueron involucrados por el Gobierno en el documental oficialista “¿Qué pasó el 26J?”, que califica lo ocurrido como un intento de “golpe de Estado”.
Entre los aludidos por el video también figuran el economista Gonzalo Chávez, Jaime Dunn, el analista Joshua Bellott, el exdirigente Armin Lluta, José Luis Álvarez, César Gonzáles, Ana María Morales y el propio Zúñiga.
Las contradicciones de Zúñiga
El excomandante del Ejército ha cambiado su versión sobre lo ocurrido en al menos cuatro ocasiones. Inicialmente declaró que el presidente Arce le ordenó sacar las tanquetas para “levantar su popularidad” ante una crisis política, social y económica. En otra declaración, mencionó que tanto Arce como el ministro Novillo autorizaron el movimiento militar para prevenir conflictos sociales por la escasez de dólares y combustible.
En septiembre, alegó incluso haber sido drogado, lo que habría afectado su comportamiento. Esta versión fue desmentida por Tapia, quien aseguró que su cliente estaba “completamente lúcido” y responsabilizó a los anteriores abogados de intentar hacerlo pasar por demente.
Posteriormente, el abogado Armando Magne —entonces defensa de Zúñiga— calificó los hechos como una “protesta militar” incitada desde los mandos inferiores, especialmente por los mayores Leonel Sanjinés y Miguel Fernando Iriarte.
Solicitud de ampliar su declaración
Tapia anunció que el pasado 26 de marzo solicitó formalmente al Ministerio Público una ampliación de la declaración de Zúñiga, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. Afirmó que su defendido desea aclarar varios puntos y revelar nuevos elementos que vinculan directamente a altas autoridades del Gobierno con lo sucedido.
Zúñiga permanece detenido en la cárcel de El Abra (Cochabamba) bajo imputación por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
Este nuevo giro en el caso refuerza las sospechas de un posible “autogolpe” armado desde el propio Ejecutivo, mientras analistas, políticos opositores y organizaciones de derechos humanos denuncian una cacería de voces críticas por parte del régimen del MAS.