El TCP declara inconstitucional la Ley Autonómica Municipal de Santa Cruz por fallas en su procedimiento de aprobación
- El Concejo Municipal de Santa Cruz tiene 45 días para corregir el proceso legislativo, mientras se mantiene vigente la ley anterior de 2014.
En una decisión que marca un precedente en el ámbito jurídico y político del país, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la inconstitucionalidad por la forma de la Ley Autonómica Municipal GAMSC 1503, emitida el 25 de febrero de 2022 por el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. La sentencia, identificada como SCP 0174/2023, fue emitida tras una acción de inconstitucionalidad presentada por Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde de Santa Cruz de la Sierra, quien argumentó que la norma contradecía varios artículos de la Constitución Política del Estado (CPE).
La ley en cuestión buscaba modificar la Ley Autonómica Municipal GAMSC 123/2014 de Contratos y Convenios Municipales, pero el Tribunal determinó que no se cumplieron los procedimientos legislativos establecidos para su aprobación. Este fallo en el proceso llevó a la declaración de inconstitucionalidad por la forma, aunque el TCP aclaró que no encontró motivos para declarar la inconstitucionalidad en cuanto al fondo de la ley, es decir, su contenido no viola la Carta Magna.
El Tribunal exhortó al Concejo Municipal de Santa Cruz a corregir el procedimiento legislativo dentro de un plazo máximo de 45 días, contados a partir de la notificación de la sentencia. En caso de que no se realicen las correcciones necesarias, se mantendrá vigente la Ley Autonómica Municipal GAMSC 123/2014, que regula los contratos y convenios municipales. Además, la sentencia establece que, si el Concejo Municipal decide desistir de la modificación, la ley original de 2014 seguirá aplicándose en su totalidad.
Esta resolución del TCP no solo pone en evidencia la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos, sino que también refuerza el principio de constitucionalidad en la elaboración de normas municipales. Por ahora, el Concejo Municipal de Santa Cruz tiene la palabra para ajustar su legislación a los requerimientos del Tribunal, en un plazo que ya ha comenzado a correr.
La decisión del TCP cierra un capítulo de tensiones jurídicas, pero abre un nuevo desafío para las autoridades cruceñas, quienes deberán demostrar su capacidad para ajustarse a los estándares constitucionales en el menor tiempo posible. Mientras tanto, la ley de 2014 sigue siendo el marco legal vigente para los contratos y convenios municipales en Santa Cruz.