Viceministro Roberto Ríos cuestiona citación a periodistas cruceños: «No comparto que se los convoque a declarar»
- Fiscalía investiga a siete comunicadores por su cobertura de los bloqueos en Mairana, mientras autoridades dividen opiniones sobre el rol de la prensa en el caso.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, expresó su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía de convocar a declarar a periodistas cruceños por los hechos violentos ocurridos en Mairana en octubre de 2024, cuando simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) protagonizaron bloqueos de rutas. «Los periodistas cumplen una función de informar en función al trabajo que vienen realizando, por lo cual no comparto que se los convoque a declarar», afirmó Ríos, quien reconoció que las imágenes captadas por los comunicadores fueron de gran utilidad para documentar los sucesos.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, anunció que solicitará informes sobre el caso tanto a los representantes del Ministerio Público de La Paz como de Santa Cruz. «El caso es investigado en la ciudad de La Paz, con control jurisdiccional también y la dirección funcional del Ministerio Público en La Paz, y de manera inmediata, yo voy a pedir el informe», declaró Mariaca.
La polémica se desató luego de que el fiscal anticorrupción, Hernán Kieffer, y un policía investigador enviaran una orden de citación a siete periodistas a través de WhatsApp. La medida forma parte de la acumulación de pruebas contra el concejal Gilbert Tapia, afiliado al MAS y acusado de financiar y apoyar los bloqueos en Mairana, que derivaron en el secuestro y agresión a periodistas y policías.
Roberto Méndez, expresidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, criticó la citación, señalando que varios de los comunicadores convocados ni siquiera estuvieron presentes en los hechos. «Es preocupante que se cite a periodistas que solo cumplieron con su labor de informar», sostuvo Méndez.
La orden exige que los periodistas se presenten en oficinas policiales de La Paz, a más de 850 kilómetros de Santa Cruz, sede de sus actividades laborales. Este hecho ha generado un debate sobre el papel de la prensa en la cobertura de conflictos sociales y la posible criminalización de su trabajo.