El Ministerio Público confirmó el lunes que continúa abierto el caso por presunta trata y tráfico que involucra a Evo Morales y a los padres de la víctima. Hasta el momento existen diez cuerpos de pruebas, incluyendo los trámites para el registro de apellido de la supuesta hija que tuvo el expresidente en 2016 con Cindy Saraí Vargas Pozo, entonces de 16 años.
“El hecho de que no todos los días estemos informando las acciones que estamos realizando no significa que estamos dejando el caso de lado. Al contrario, (…) inclusive tenemos información donde establece el grado de familiaridad en cuanto al apellido de Evo Morales. Ya dijimos que seguimos firmes y en cualquier momento vamos a darles una sorpresa a todos”, declaró la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez.
La pasada semana surgieron versiones de que el exmandatario supuestamente acordó con la víctima el cambio de apellido de la niña y que ella habría accedido para evitar su estigmatización. La autoridad se abstuvo de responder consultas, pero con esa afirmación dejó entrever que se investigó tanto la veracidad del certificado de nacimiento de una niña a la que Cindy habría dado a luz el 8 de febrero de 2016 en Yacuiba como también los procedimientos.
Esto porque el procedimiento requiere de la presentación de testigos y la firma de otros documentos, lo que ocurrió a partir de 2018 cuando la madre ya tenía la mayoría de edad.
La defensa de Morales insiste en que el caso ya fue investigado y que debería cerrarse, o al menos llevarse a Villa Tunari. De momento, las autoridades judiciales ratifican que la causa radica en Tarija.
Además de la detención del padre de Cindy, Emeterio Vargas, se realizaron otros actos procesales, como el allanamiento del domicilio de la joven y un análisis de la situación financiera de la familia. Aunque la joven permanece en la clandestinidad, se presume que sigue con su hija y su madre en Bolivia.