Han pasado 11 días desde la toma violenta del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) por parte de un grupo afín al dirigente Arnold Alanes y efectivos de la Policía. Desde ese momento no cesaron los enfrentamientos en Villa Fátima y Villa El Carmen, que se convirtieron en una “zona de guerra”, en la que hubo detenidos, heridos; tres hospitales, dos farmacias, un módulo policial y muchas viviendas dañadas; un departamento y cinco patrullas quemadas, todo a causa del uso excesivo de gases y explosivos.
Hoy se cumplen 12 días de conflicto y parece que no llega la solución. El sector cocalero, encabezado por un comité de autodefensa, realizó marchas de protesta en las que pidió la devolución del mercado de Adepcoca, pero los policías los reprimieron varias veces y mantienen una fuerte vigilancia del mercado, donde se encuentra Alanes y sus seguidores, quienes hace unos días recibieron el respaldo del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su sede cocalera.
El enfrentamiento entre productores y policías se inició la madrugada del 20 de septiembre y siguió por varios días, con gasificaciones y explosiones de cachorros de dinamita en las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen, y barrios aledaños.
Los vecinos de esas zonas fueron los más afectados porque no sólo estuvieron en medio del conflicto, sino sufrieron los efectos de los gases lacrimógenos y muchas de sus viviendas quedaron dañadas: vidrios rotos, paredes rajadas y puertas rotas.
“El daño que han hecho a mi inmueble debe superar los 7.000 bolivianos, son muchos vidrios que han sido quebrados por los balines de gas, ni siquiera por piedras de cocaleros, nada de eso. En la planta baja, como se puede evidenciar en mi puerta de ingreso, (ese daño) es por la tremenda detonación de la dinamita”, relató Hugo a Página Siete, un vecino de la avenida Ramiro Castillo, zona Villa El Carmen.
La familia Barrancos también mostró el interior de su vivienda, que estaba con los vidrios rotos y paredes rajadas. Según su testimonio, gases lacrimógenos y explosiones de dinamita ocasionaron esos daños.
Como estas familias, hay muchas otras más de quienes sus viviendas fueron afectadas. Los vecinos recolectaron varios objetos de uso policial como prueba de la violenta represión que no cesó pese a que salieron a las calles con banderas blancas para pedir a los uniformados retirarse de las zonas y dejar de gasificar.
A eso se suma el módulo policial de Minasa que fue destrozado por los marchistas, según denunciaron los uniformados. El módulo tenía las ventanas rotas, paredes y puertas dañadas, además se quemaron cinco patrullas.
También hubo un inmueble quemado. Jhon García relató cómo su departamento, ubicado en la avenida Las Américas, se incendió a causa de los disparos que realizaron los policías; mostró las granadas de gas que ingresaron a su vivienda.
Asimismo, tres recintos hospitalarios y dos farmacias fueron afectados. Personal del Hospital San Francisco de Asís denunció que varios pacientes resultaron afectados por la gasificación.
La directora del Hospital La Merced, Ximena Salinas, señaló que no sólo hubo afectación de los gases en ese recinto, sino también el corte de energía eléctrica por más de una hora, registrado la noche del miércoles. “Para nosotros es muy complicado este tema porque hay que contener tanto al personal como a los pacientes, y se llenan de pánico, son adultos mayores los que ingresan y requieren atención. En esa esquina lanzaron una granada de gas y subió todo el gas hacia Hemodiálisis cuando los pacientes estaban recibiendo sesiones”, señaló a Unitel.
La infraestructura del hospital de Adepcoca también presenta graves daños; los cocaleros responsabilizaron a los policías por esos hechos, a quienes acusaron de operar junto con “infiltrados” que lanzaron dinamita.
La encargada de una farmacia relató: “Han disparado acá a la puerta, la rendija ha caído, aquí no había cocaleros, es una farmacia. Hay medicamentos que no pueden ser contaminados con gas… En otra farmacia de la calle 4, en su puerta estaban haciendo reventar gas”.
A estos hechos se suman varios cocaleros que resultaron heridos en los enfrentamientos, además de seis policías, dos vecinos que fueron alcanzados por gases lacrimógenos. La abogada de Adepcoca, Evelyn Cossio, informó a Los Tiempos que en los días de conflicto hubo más de 100 cocaleros detenidos, entre aprehendidos y arrestados; de todos ellos, al menos 60 habrían sido procesados y uno está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro.
Al momento, los cocaleros hicieron ayer una pausa en sus movilizaciones y anunciaron que hoy retomarán medidas de presión con el mismo pedido: que les permitan ingresar al mercado. Anunciaron que convocaron al 100% de sus bases a una asamblea para el día lunes. Por su parte, Alanes también llamó a una asamblea para ese mismo día a fin de trabajar en un plan estratégico y recibir resoluciones de los sectores que lo respaldan.
Después de reconocer y dar su aval a Alanes días atrás, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cambió de discurso y aseguró ayer: “Este Gobierno no está apoyando a ninguna persona de Adepcoca, lo que está realizando es el resguardo de las inmediaciones del municipio de La Paz, estamos evitando un enfrentamiento (…) Éste es un tema privado, no tiene nada que ver con el Gobierno nacional”.
Pagina Siete.