Expresidente de la APG: Ni el peor terrorista y asesino ha tenido 256 procesos como Aramayo
El expresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní y actual miembro del Consejo Continental de la nación Guaraní, Celso Padilla, consideró injusto que el exdirector del Fondo Indígena, Antonio Aramayo, enfrente más de 256 procesos una situación jurídica que “ni el peor terrorista, ni el peor asesino” afronta en el país.
Padilla manifestó que el entonces gobierno de Evo Morales “sacrificó a alguien de bajo rango” como Aramayo, para salvar a la expresidenta del Directorio y exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y a otras exautoridades, que debieron responde por el desfalco del Fondo Indígena.
Manifestó que fue más fácil sacrificarlo porque es “indígena” y aunque hubiera tenido algún grado de culpa por la situación de la institución no es correcto ni justo que solo él cargue el peso de la irresponsabilidad con la que se manejó la institución.
“No se merecía tantos procesos, jamás ha habido -ni el peor terrorista, ni el peor asesino- en la historia de Bolivia no tuvo tanta cantidad de procesos, son 263 procesos, él está condenado a más de 100 años de cárcel. Él ya no tienen escapatoria, él va a morir en la cárcel y eso es injusto”, declaró a la ANF.
La Fiscalía le abrió 256 procesos desde 2015 cuando se develaron las irregularidades en el Fondo Indígena. El calvario de Aramayo comenzó con un caso, que luego se convirtió en 153 juicios. La exinterventora (del Fondo Indígena) Larisa Fuentes y el exdirector de esa institución Eugenio Rojas. Tiene cuatro sentencias, tres condenatorias y una absolutoria.
Prácticamente en todos los departamentos tiene procesos abiertos. En Tarija ha sido condenado a 8 años, en Oruro a 3 años y seis meses, en Cobija tiene una sentencia de 3 años y seis meses, tiene una condena absolutoria. Las tres sentencias están en apelación.
Por su compleja situación jurídica ha conocido 56 cárceles y carceletas de todo el país. Está detenido desde marzo de 2015, pese a que se presentó voluntariamente a la Fiscalía las autoridades determinaron su detención en el penal de San Pedro, hace seis años y seis meses.
Padilla cuestiona que no sean procesadas otras exautoridades y dirigentes de organizaciones sociales que fueron parte del directorio, una instancia que tenía la responsabilidad de aprobar los proyectos y sus financiamientos, así como los estados financieros cada año.
“Hablando de un Estado de derecho de Bolivia que se reconoce los derechos de los pueblos indígenas, nosotros no estaríamos reclamando si todos esos ministerios que estaban a la cabeza del Fondioc como el Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Productivo asumieran su responsabilidad ¿Dónde están ellos?”, cuestionó.
Observó que las autoridades se conformaron con la intervención al Fondo Indígena el 2015 como una forma de “lavarse las manos”, cuando sabían que hubo malversación de fondos, corrupción, pero no hicieron nada más allá de colocar a una interventora.
“Los colonizadores tenían más de 100 proyectos fantasmas, ¿Dónde están ellos?, las Bartolinas ¿Dónde están?, ¿Dónde está la CSUTCB?. Ellos están libres (…). No es posible que a más de 11 años no haya responsables del desfalco del Fondioc. ¿Dónde está la plata?”, insistió.
Padilla cita 11 años, porque el 12 de febrero de 2013, la Contraloría General del Estado (CGE) evidenció un daño económico al Estado mayor a 71 millones de bolivianos en el Fondo Indígena. Las irregularidades se identificaron en 153 proyectos desarrollados entre las gestiones 2010-2011.
Aramayo asumió la dirección ejecutiva del Fondo Indígena en septiembre de 2013, ese mismo año advirtió a la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras y presidenta del Directorio, Nemesia Achacollo, de las irregularidades en 1.228 proyectos de un total de 3.462 obras productivas.
El 2014, durante nueve meses investigó las gestiones 2009-2013, en sus hallazgos identificó 153 proyectos que fueron cancelados, pero sin descargos. Entre ellos también encontró proyectos “fantasmas”, es decir, obras que no existían. Elaboró un reporte denominado “informe circunstancial” que fue que fue presentado a la Contraloría General del Estado.
Aramayo es acusado de tres delitos: conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Sin embargo, el resto de miembros que participaron en el Fondo y recibieron recursos por los proyectos, “Ellos se protegen a nombre de un partido político, el MAS, el único requisito es ser masista y se puede hacer lo que quieran, pero nosotros que somos contestatario cualquier presunto delito a la cárcel”, sostuvo Padilla.
Si la justicia es “justa” el caso Aramayo se debiera poner frente a un tribunal pero con otras exautoridades superiores al exdirector del Fondo y actualmente detenido, para determinar en quiénes recae la verdadera culpa de la corrupción.
“No es posible que los responsables directos estén gozando de libertad y sin devolver un solo peso del desfalco del exfondioc”, insistió Padilla.
Fuente: ANF