Luis Arce lleva a la ONU su lista de culpables del «golpe» con Almagro a la cabeza
En su primera participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el presidente Luis Arce leyó la lista de los presuntos culpables del “golpe de Estado” de 2019. El jefe de Estado citó a la Policía, FFAA, cívicos, Iglesia, medios de comunicación, OEA, Argentina y organizaciones no gubernamentales como los causantes de la “ruptura del orden constitucional”.
Según Arce, aquella “ruptura del orden constitucional” tuvo la participación de “actores nacionales, políticos que en las urnas no cuentan con el respaldo del pueblo, malos efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, comités cívicos, la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos”, apuntó en la 76ª sesión del principal foro mundial de naciones.
En noviembre de 2019 y luego de que un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) encontró irregularidades en las elecciones generales del 20 de octubre, se desató la crisis social en el país y el entonces presidente Evo Morales renunció.
El mandatario insistió ayer en la ONU, ante representantes de 193 países, que en 2019 en Bolivia hubo un “golpe de Estado”. Dijo que éste “contó con la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su secretario general Luis Almagro, de otros gobiernos -como el anterior de la Argentina- que enviaron armas y municiones a los ‘golpistas’ y del propio representante de la Unión Europea y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional”, remató Arce.
El pasado 19 de septiembre, durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en México, Arce se estrelló contra la OEA, organismo al que calificó como “obsoleto”.
Ayer, ante la ONU, Arce no se guardó nada y citó el informe de agosto del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que “identificó que en Bolivia se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias”. No mencionó que la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros están presos hace más de seis meses, mientras emergen más procesos penales en su contra.
“Nuestro compromiso con el pueblo boliviano es que se haga justicia con las 38 vidas perdidas, por los cientos de heridos, detenidos, por los perseguidos asolados y exiliados”, dijo Arce.
El mandatario habló además de la inequidad mundial en la distribución de vacunas contra la covid. Pidió la liberación de patentes y la transferencia de tecnología para elaborarlas.
Más adelante, indicó que “el capitalismo pone en riesgo a la humanidad y al planeta”, por lo que propuso asumir la filosofía andina del “vivir bien” para preservar el mundo.
Políticos y cívicos sostienen que Arce fue “a mentir a la ONU”
El diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga, el cívico cruceño Jorge Valda y el director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, entre otros rechazaron ayer las declaraciones del presidente Luis Arce, quien en la ONU enumeró a los presuntos culpables del “golpe de Estado” de 2019.
“El presidente Arce va allá (a Nueva York) a generar mentiras, incluso a desligitimizar la labor de la OEA (Organización de Estados Americanos). A Arce hay que bautizarlo como ‘el presidente de la mentira’, porque que solo va al exterior a lavar la cara de Evo Morales”, dijo Astorga, para quien el mandatario “hizo quedar mal al país la hablar en la ONU solo de la falsa teoría del golpe de Estado”.
Por su parte, el cívico cruceño Jorge Valda dijo que el jefe de Estado desperdició una oportunidad para generar una imagen distinta a la que el mundo tiene del país, “atacando a la Unión Europea, a la OEA y nuevamente con un discurso de victimización que sienta denuncias falsas y acusaciones irresponsables”.
En tanto, el activista chileno Vivanco, de la HRW, escribió en su cuenta de Twitter: “Presidente Arce, celebro su voluntad de que haya justicia por las masacres, torturas y detenciones durante el gobierno de (Jeanine) Añez, pero también debe haberla para quienes sufrieron violencia durante el gobierno de Morales. La búsqueda de justicia no debe tener color político”.
Pagina Siete