Declaraciones y requerimientos son la base fiscal en caso golpe

Desde diciembre de 2020 a la fecha, el Ministerio Público realiza las investigaciones por el caso del supuesto “golpe de Estado” a denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty y en ese tiempo sólo recabó declaraciones de al menos 12 testigos principales y siete involucrados, además de algunos requerimientos a instituciones, que son la base para mantener detenidos a los implicados, según documentos a los que tuvo acceso Página Siete.

De acuerdo con el informe policial de los investigadores del caso, se recabaron declaraciones de las siguientes personas: Lidia Patty (denunciante) y Antonio de la Fuente (testigo), en diciembre de 2020; Marco Antonio Borda (testigo), en febrero de 2021; el almirante Flavio Arce San Martín y el general Jorge Pastor Mendieta, la expresidenta Jeanine Añez, los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, todos en calidad de sindicados, en marzo; ese mismo mes declaró como testigo la exministra Teresa Morales; también se hizo una entrevista a dos allegados del exministro Yerko Núñez para averiguar el paradero de la exautoridad; las exlegisladoras del MAS Susana Rivero y Adriana Salvatierra declararon como testigos en junio y Carlos Mesa se presentó en la Fiscalía ese mismo mes.

El general Jorge Terceros y el almirante Palmiro Jarjury declararon como sindicados en julio, siendo éstos los últimos imputados y encarcelados por el caso “golpe”. Luego, José Antonio Quiroga y Luis Vásquez Villamor comparecieron como testigos ese mismo mes y también el exdiputado del MAS Víctor Borda, Roberto Moscoso y el exministro Óscar Ortiz testificaron en agosto.

A ese actuado judicial se suman diferentes requerimientos judiciales informativos a distintas instancias como la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Banco Central de Bolivia, Fuerzas Armadas, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo y medios de comunicación; también se identificaron notas informativas y videos en páginas y redes sociales sobre los hechos de 2019, y se emitió una serie de órdenes de aprehensión, imputaciones, citaciones y allanamientos, entre otros.

Las últimas imputaciones emitidas en julio dan cuenta que los indicios para sostener el caso “golpe I” son: la denuncia de Patty, cartas de renuncia del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera; una nota de radio TV Chiquitania; carta de José Luis Camacho; fotografías del excívico Luis Fernando Camacho en La Paz; fotos y grabaciones de militares al momento de brindar la conferencia de prensa en la que se sugieren la renuncia de Evo Morales; la declaración de Lidia Patty, Antonio de la Fuente y otros, el libro Golpe de Estado a Evo; el informe de una comisión especial mixta y reglamentos de ambas cámaras del Legislativo presididas por el MAS; el informe de la Defensoría del Pueblo; y publicaciones en medios y redes sociales de los sucesos de 2019.

Eusebio Vera, abogado de algunos implicados en este caso, señaló que el avance investigativo apenas alcanza al 30%, porque la Fiscalía se limitó a recabar declaraciones y requerir algunos informes, con esos argumentos sostiene el caso “golpe I”, sin actuados serios que lleven al esclarecimiento del caso.

“Actuados de investigación de forma seria y a efectos de esclarecer la verdad material no se han realizado. Se han abocado a llamar a personas, partícipes, otros testigos, pensando que simplemente con las declaraciones pueda llegar a alguna verdad o algún elemento que vincule con los hechos”, manifestó Vera a Página Siete.

Dijo que no se hizo inspecciones oculares a lugares donde se habría dado el supuesto hecho, por ejemplo dependencias militares, registro de diferentes lugares, análisis de extractos de llamadas telefónicas, entre otras más. Por eso, no hay elementos suficientes para mantener encarcelados a varios implicados, sobre todo a militares, a quienes se los detuvo por salir en la foto junto al excomandante de las FFAA Williams Kaliman.

Para Vera, la Fiscalía hizo encarcelar a algunos implicados con conjeturas y mediante “investigaciones selectivas”. Dijo que pareciera que los fiscales buscan que los involucrados entren en contradicciones en sus declaraciones para que eso sea la base de sus investigaciones.

Detalló que el mismo fiscal del caso, Omar Mejillones, en algunas tomas de declaración asumió una actitud de tendencia partidaria debido a que se ha tratado de forzar a algunos declarantes a responder preguntas genéricas de una forma determinada.

El 31 de julio, la Fiscalía informó sobre el desdoblamiento del caso “golpe”, en el principal caso se investiga los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración; el segundo proceso es por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

Hace unos días, la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención preventiva de algunos implicados en el caso “golpe I” por el lapso de seis meses, alegando que no había concluido aún las investigaciones, porque el caso era complejo.
Efectivos de las Fuerzas Armadas también fueron detenidos.
Foto: APG

Según el documento fiscal de solicitud de ampliación enviada a un juez, no se hizo los siguientes actuados: la inspección técnica ocular en el Alto Mando Militar, la colección de extractos de llamadas telefónicas de los involucrados para hacer pericias y triangulación de llamadas, inspecciones a unidades policiales del país, no cuentan con respuesta sobre el personal del Alto Mando Militar que estaba en funciones en 2019; tampoco se tiene las declaraciones de varios exministros del gobierno de Añez que se dieron a la fuga, ni de los principales exjefes militares y policiales involucrados; no se hizo pericias de informática forense; no se concluyó la búsqueda de notas informativas y videos en la redes sociales y su respectivo desdoblamiento; resta aún la identificación de más testigos; faltan registros de lugares de los hechos e inspecciones oculares; declaraciones pendientes de otros testigos e involucrados; y quedan pendientes a realizarse algunos actuados judiciales con relación a los prófugos en este caso.

Sumado a todo eso, tampoco se recabó la declaración de los principales denunciados, el excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre José Luis, exjefes militares y de la Policía, ni de las presuntas víctimas, Evo Morales y Álvaro García Linera.

Camacho aseguró que cuando sea citado se presentará a declarar: “Voy a estar presente en la declaración donde sea, no tengo nada que esconder”. Dijo que en 2019 hubo 21 días de lucha pacífica de la población que se pretende tapar con un caso “armado”.

Pagina Siete