Gobierno investiga 90 contratos anómalos firmados por Gisela López

El Gobierno de transición denunció ante el Ministerio Público a la exministra de Comunicación, Gisela López, entre otros exfuncionarios por los 90 convenios irregulares suscritos con distintas empresas para la elaboración de productos audiovisuales. Por ejemplo, la firma mexicana Neurona Consulting se benefició con ocho convenios por 12.4 millones de bolivianos.

En tanto, López, huyó a la Argentina, después de dejar su asilo en la Embajada de México.

En conferencia de prensa, la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, señaló que estos acuerdos están en pleno proceso de auditoría, del cual se derivarán informes sobre la posible existencia de irregularidades en el proceso de contratación

“Actualmente son auditados 90 casos de contrataciones realizadas por el Ministerio de Comunicación, entre ellos el gasto del presupuesto de este ministerio. Puedo adelantarles que más del 70 por ciento (de lo recursos) del Ministerio de Comunicación lo han ejecutado para la campaña del candidato Evo Morales”, precisó la autoridad.

Lizárraga no detalló las empresas que se adjudicaron estos contratos, pero con anterioridad se conoció que la mayor parte de estos fueron suscritos con Cisneros Interactive para la difusión de publicidad en redes sociales, DIGI group para el pauteo en Twitter, Social Live, CIES internacional, Neurona Consultng y Espora.

NEURONA

Por otra parte, Lizárraga, hizo alusión a los contratos que se suscribieron con la firma mexicana Neurona Consulting, que se benefició con cuatro contratos y cuatro órdenes de servicio para la elaboración de estrategias comunicacionales referidas a la demanda marítima boliviana, producción de material audiovisual y artes gráficas.

Según el senador Óscar Ortiz, quien investigó el caso y que estuvo presente en la misma conferencia de prensa, el daño económico al estado es de 12.4 millones de bolivianos, el legislador hizo conocer de esta denuncia en abril pasado y solicitó varios informes que no tuvieron respuesta.

Lizárraga precisó que de las 22 personas señaladas en el proceso, 14 pertenecen al Ministerio de Comunicación y son sospechosas de los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

“Esta es la primera denuncia que ha presentado la Contraloría, todas estas personas que ha sido denunciadas ya están registradas y se ha pedido los informes migratorios y se ha pedido informes a la Unidad de Investigaciones Financieras para que no salgan del país y puedan responder por este caso”, anunció.

RETRASO

En abril pasado, el entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas indicó que la Contraloría General del Estado iba a realizar una auditoría a los contratos que se suscribieron con la empresa mexicana. Pero hasta antes de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, esa instancia manifestaba que aún no se había concluido con el trabajo y daban largas para emitir un resultado.

Tras el paso de las semanas, se consultó en reiteradas ocasiones a canelas si ya contaban con el resultado de la auditoría y este respondía que el equipo de expertos continuaba trabajando en el Ministerio de Comunicación. Incluso en la contraloría manifestaron que el informe iba a ser entregado en dos meses a partir del inicio del proceso de investigación.

Después de siete meses de trabajo, recién el pasado viernes se pudo tener acceso a los resultados de la auditoría. Al respecto, Ortiz indicó que el informe ratifica las irregularidades en el proceso se adjudicación del proyecto, ya que se realizaron de forma directa y vulneraron la normativa actual para la contratación de bienes y servicios.

Esta firma se constituyó en 2017 con un capital de cinco mil dólares, a la cabeza de César Hernández y un equipo de personas, que fueron parte de la campaña electoral de Evo Morales en las elecciones generales del 2014.

SALIDA

López era una de las exautoridades del gobierno de Evo Morales que solicitó asilo político en la embajada de México y se encontraba en esas instalaciones hasta el 22 de noviembre. Según información, salió del país por Yacuiba rumbo hacia Argentina y se presume que está en ese país.

Lizárraga develó que se solicitó al ministerio de gobierno para activar la búsqueda de la exautoridad a través de interpol, con el fin de que sea trasladada hasta el país y someterse a la justicia por los contratos irregulares.

El Diario.

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