70% de los alojamientos en El Alto funcionan de forma irregular; hay riesgo de trata
Más de 11.700 operativos ediles en los alojamientos de El Alto evidenciaron que el 70% de estos establecimientos funcionan de forma irregular. La semana pasada, en un operativo a estos predios, la Felcc halló un posible caso de violencia sexual comercial, mientras que en lo que va del año la Secretaría Seguridad Ciudadana remitió a la Defensoría cuatro casos de menores de edad que fueron encontradas junto a adultos.
Los dueños de las actividades económicas alegan desconocimiento de la ley. Solicitan un mayor control, pues afirman que si bien se clausuran los establecimientos infractores, éstos vuelven a funcionar.
“Del total de estos establecimientos, considero que más del 70% vulnera la normativa. No sólo municipal, sino departamental y nacional, como el Código Niño, Niña Adolescente”, aseveró el secretario municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto, Dorian Ulloa.
Añadió que hay “riesgo permanente” en los alojamientos por el ingreso de menores de edad sin control.
La jefa de la división de trata y tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz, Gaby Coca, señaló que en la intervención a un alojamiento se identificó un posible caso de violencia sexual comercial. “Una adolescente estaba en compañía de dos varones adultos que no eran su familiares. El caso está en investigación”, manifestó.
Riesgo de trata y violencia sexual
Desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto realizó 11.323 operativos en los alojamientos de distintas zonas de la urbe alteña.
Con los datos recogidos en esas intervenciones, se logró hacer un diagnóstico de estos establecimientos. Se halló que los problemas más frecuentes son la presencia de menores de edad y el expendio de bebidas alcohólicas.
“El jueves realizamos un operativo a un alojamiento donde dos adolescentes eran víctimas de una red de proxenetas. Hay nueve personas detenidas. Hay riesgo en estos espacios”, afirmó el director de la Felcc de El Alto, Douglas Uzquiano.
Ulloa explicó que cuando en los alojamientos se encuentra a menores de edad sin cédula de identidad y acompañados por un adulto -que no es el padre o tutor-, ambos son llevados ante la Defensoría. Este año hubo 30 de estos casos, cuatro fueron remitidos a la Policía para su investigación.
Ante la presencia de un menor de edad, los administradores de los alojamientos deben exigir los documentos de identidad, incluso si los acompañantes dicen tener parentesco. Cuando no cuentan con lo solicitado, se debe informar a las autoridades. Lamentablemente este protocolo no se cumple.
Uno de los cuatro casos registrados este año es el de una adolescente que al ver a las autoridades se puso a llorar y dijo que la persona con la que se encontraba la había llevado por la fuerza. El adulto negó el hecho y argumentó que hubo mutuo consentimiento. El caso está en investigación.
“Las relaciones con una menor de edad son considerados violación y así sea un caso en 10.000 el dato tiene que llamar la atención” aseveró Ulloa.
En otro de los casos una madre y su hija se encontraban en una habitación con un hombre que no era el padre de la adolescente. “Por seguridad remitimos el caso a la Defensoría porque conocemos el tema de comercio sexual, donde en un porcentaje muy elevado los principales explotadores son la familia”, dijo.
En un operativo se identificó un posible agresor, quien argumento que conocía a la madre de la niña de unos 15 años de edad e incluso la llamó. La progenitora justificó la irregularidad.
Desconocemos la norma
Consultado sobre el tema, el presidente de la Asociación de Hospedajes Turísticos de El Alto, Bautista Paito Mamani, lamentó que no se cumpla la normativa. Su organización agrupa a más de 100 centros de este tipo.
“Todos tienen que registrarse con carnet o pasaporte. Es una falta pues no haber registrado menores de edad”, declaró. Agregó que la solución debe partir de “las autoridades competentes”.
El dirigente remarcó que esas actividades económicas se rigen por la Ley 292 de turismo y el reglamento específico 339 de Establecimientos de Hospedaje.
“Es por falta de información. Hay muchos compañeros que ponen un alojamiento y ya atienden, permiten tomar bebidas alcohólicas dentro de habitaciones sin conocer la norma”, dijo.
Denunció que una vez clausuradas las actividades económicas, las autoridades no realizan seguimiento. “Calculo que unos 50 siguen funcionando”.
Leyenda
El Alto propone ley nacional de cámaras
El secretario municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto, Dorian Ulloa, destacó los resultados positivos de las cámaras de seguridad en el esclarecimiento de varios delitos. Propone extender el uso a los centros de hospedaje.
“En El Alto las cámaras de seguridad han dado buenos resultados. Hay casos conocidos, como el de un incendio provocado, el asesinato de una persona transexual, y la pérdida de la medalla presidencial”, manifestó el edil.
Aclaró que aunque es una propuesta municipal, la Alcaldía no puede implementar una ley para el control de los alojamientos, porque esta tarea le corresponde a la Gobernación de La Paz. Dijo que un proyecto de ley ya fue presentado a la Asamblea Departamental, pero que hasta hoy no hay una respuesta.
“Vamos a proponer a la Asamblea Plurinacional que genere una ley que obligue a las actividades económicas relacionadas con el turismo que implementen cámaras”, anunció Ulloa.
Ulloa muestra el diagnóstico de la comuna sobre los alojamientos.
Foto: Madeleyne Aguilar / Página Siete
Alojamientos, proxenetismo y trata
La semana pasada, un operativo policial en la urbe alteña intervino un edificio donde funcionaban de forma paralela un alojamiento y varios lenocinios. Se halló tres menores de edad que eran víctimas de comercio sexual.
“Se realizó un operativo de control en un inmueble donde operaba un alojamiento y, paralelamente, en otros ambientes se ofrecían servicios sexuales. Hemos identificado la presencia de tres menores de edad que estaban trabajando con casi una trentena de trabajadoras nocturnas”, informó la jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Gaby Coca.
Explicó que el administrador del establecimiento se quedaba con más del 60% del dinero que los hombres pagaban por los servicios sexuales. “Se ha identificado el delito de proxenetismo por el beneficio económico y por eso se lo ha aprehendido”, dijo.
Señaló que en las habitaciones del alojamiento se identificó un posible caso de violencia sexual comercial, ya que se encontró a una adolescente en compañía de dos varones adultos. “El caso está en investigación”, manifestó.
El secretario municipal de Seguridad Ciudadana de El Alto, Dorian Ulloa, informó que una adolescente encontrada en un operativo anterior en compañía de un adulto fue descubierta nuevamente en el lenocinio. “Es una prueba de que existe violencia sexual comercial y trata en estos lugares”, afirmó.
El edificio intervenido consta de cuatro pisos. En su interior se encontró más de 30 víctimas. Entre ellas la menor de 17 años que ya había sido identificada previamente. El lugar fue clausurado.
Ulloa explicó que en sus operativos también se hallan personas de 19 a 20 años, que sí bien tienen carnet, aún son estudiantes y están bajo la tutela de sus padres. “El 35% de personas que encontramos en estos lugares están por debajo de los 21 años, según los datos levantados el 2018. El 80% son mujeres que están con personas mayores. De manera extraoficial puedo decir que son casos de prostitución o explotación y violencia sexual”.
Añadió que en los operativos encuentran parejas de menores de 15 a 17 años.
Pagina Siete.