Fernando Camacho pasó de la libertad a Chonchocoro en 36 horas

36 horas fueron suficientes para que el gobernador electo Luis Fernando Camacho, sea “secuestrado” en Santa Cruz, trasladado a la ciudad de La Paz, cautelado, enviado con detención preventiva y trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. El Gobierno asegura que se respetó el debido proceso. Una abogada consultada por EL DIARIO advirtió “irregularidades”.

A las 14:30 horas, aproximadamente, del miércoles 28 de diciembre de 2022, Camacho fue interceptado cuando transitaba una de las calles de Santa Cruz por encapuchados que luego fueron identificados como agentes del Grupo de Inteligencia de Operaciones Especiales (Gioe).

“Lo bajaron del vehículo en el que él iba, rompieron el vidrio, se lo sacaron y se lo llevaron. Yo estaba en la casa, salí y llegamos detrás de ellos, nos estaban esperando tres vehículos de narcóticos, nos cerraron, nos chocaron y de ahí comenzaron a disparar”, dijo uno de los choferes del gobernador que presenció los hechos.

Después de horas de incertidumbre por el paradero del Gobernador, a las 19.12, del mismo miércoles, llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, para prestar su declaración.

Cerca de la media noche, se conoció que Camacho se acogió a su derecho de guardar silencio, no obstante advirtió que fue “secuestrado” por la Policía y la justicia del partido en función de Gobierno.

“Soy orgulloso de haber formado parte de la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad y la democracia”, aseguró Camacho en su declaración.

Al promediar las 9.00 horas, del jueves 29 de diciembre, medios de comunicación afines al Gobierno, difundieron la imputación formal contra la autoridad electa, por el delito de presunto terrorismo, por los hechos de 2019. A esa hora la defensa técnica ni siquiera había sido notificada.

Al mediodía del jueves se conoció que el juez del Juzgado Octavo de Instrucción Penal, Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, programó la audiencia de medidas cautelares para las 17.00 horas.

A las 17.30 horas se instaló la audiencia cautelar virtual, inicialmente la defensa técnica de Camacho presentó tres incidentes y una excepción, la única que Pacheco aceptó resolver fue por la aprehensión ilegal, empero la misma fue declara infundada, a las 19.51.

CAUTELARES

Cerca de las 20:00 horas, el juez Sergio Pacheco, que no encendió su cámara, inició las cautelares escuchando los argumentos de la Fiscalía que pidió la detención preventiva de Camacho, por seis meses, en el penal de Chonchocoro. A esa solicitud se sumaron los otros acusadores como el Ministerio de Gobierno, Procuraduría, y la denunciante Lidia Patty.

En una audiencia virtual se advirtió algunas contradicciones entre los abogados gubernamentales y el fiscal asignado al caso.

“Que estas actuaciones cometidas por Luis Fernando Camacho Vaca en colusión de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, tenían la finalidad de constituir un gobierno Cívico Militar, del cual él sería parte”, dijo el fiscal Omar Mejillones, dentro de los antecedentes expuestos en el supuesto golpe de Estado de noviembre de 2019.

El abogado de la denunciante exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, Jorge Nina, dijo que el golpe contra Evo Morales fue “planificado” al día siguiente de las elecciones de ese año, entre el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz y el que fuera candidato de oposición Carlos Mesa.

“El 21 de octubre de 2019, con el móvil de llegar al poder, el sindicado Fernando Camacho junto al candidato Carlos Mesa manejaron un término planificado con la finalidad de generar zozobra tras la denuncia de fraude electoral y así convulsionar a personas allegadas a Camacho y a De Mesa”, dijo Nina en audiencia.

Asimismo aseguró que Camacho no tiene un domicilio dónde se lo pueda notificar. “Hasta la fecha tampoco tenemos un documento idóneo que tenga trabajo, una actividad laboral, tampoco sabemos, o quizá conozcamos en audiencia, si tiene familia, hijos con un certificado de nacimiento”, manifestó.

A su turno, el representante de la Procuraduría General, Kaleff Clemor, a quien su expareja denunció por violencia, responsabilizó al gobernador de Santa Cruz de “presionar” a Morales para que presente su renuncia e “incidió” en el mando de las Fuerzas Armadas “para que actúen contra el mandatario”.

Finalmente, Pacheco escuchó a los patrocinadores de Camacho, quienes aseguraron que todas las acusaciones se basaron en subjetividades, sin información precisa para que se apliquen las medidas cautelares.

A su turno Camacho dijo: “A mi pueblo que me eligió le digo que nunca me voy a rendir y que esta lucha es por la democracia de Bolivia. A los bolivianos que me escuchan; no dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba”.

LA RESOLUCIÓN

Cerca a la 1:30 del viernes 30 de diciembre de 2022, el juez Pacheco leyó la resolución con una voz que denotaba nerviosismo.

“El Juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con las facultades que otorga la ley, dispone la aplicación de la detención preventiva del imputado Luis Fernando Camacho Vaca, detención preventiva que tendrá que ser cumplida en el plazo de cuatro meses en el centro penitenciario de Chonchocoro”, indicó Pacheco.

Cerca de las dos de la madrugada dos patrullas transportaron a la primera autoridad cruceña al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde cumple la medida.

GOBIERNO

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró ayer que en la aprehensión, la actuación de la Policía y la audiencia de medidas cautelares de Camacho, se respetó el “debido proceso” con la “transparencia” de la justicia.

“Estamos respetando al máximo el debido proceso y la transparencia y actuación de la justicia y estamos garantizando esa independencia en los términos de nuestra Constitución y la Ley 1970”, dijo Lima en conferencia de prensa.

En criterio diferente, la abogada Paola Barriga manifestó a EL DIARIO que la aprehensión de Camacho fue ilegal e inconstitucional.

“Sabemos que rige en nuestro país un Estado de derecho, donde se respectan los derechos incluso de asesinos, violadores, feminicidas. En vacación judicial no se puede ejecutar ningún mandamiento de aprehensión, en materia penal, lo que ha acontecido el miércoles es definitivamente aberrante”, dijo.

Advirtió que el caso denominado golpe de Estado I, tiene más de 70 cuerpos, cada una de 200 páginas aproximadamente, y el juez de turno tuvo que haber leído todo eso en 24 horas.
Asimismo dijo que la audiencia es ilegal porque el juez Pacheco no prendió la cámara en ningún momento de la audiencia.

“Es absolutamente ilegal, el tema que oculte su imagen no le libra de responsabilidades. Lo que correspondía es que ese juez que está de turno, por la vacación judicial, se excuse de conocer ese caso”, dijo.

Fuente: El Diario.